Presentamos un nuevo fragmento de “La elite salteña, 1880-1916…”, de María Fernanda Justiniano. En esta ocasión, muestra cómo los uniformados se aseguraban de que los vecinos votaran por el candidato «adecuado».
El comisario fue otro actor infaltable del acto electoral. Los escasos caminos carreteros, las pocas cuidadas sendas de herraduras y incipiente red telegráfica impidieron una buena comunicación entre los municipios del interior y el Ejecutivo Provincial. Al menos estas eran las explicaciones que daban los comisarios de campaña al intentar justificar por qué en sus distritos las elecciones no se realizaban, las leyes no se cumplían o los impuestos no se recaudaban.
Los comisarios ejercieron un verdadero cacicazgo y actuaron como una prolongación del «ojo del poder» en el interior provincial. A la par de las actividades de policía, oficiaban de jueces de paz, receptores de rentas e integraban las juntas escrutadoras de votos. Todo ello les confería una posición e importancia nada desdeñable en la comunidad donde se desempeñaban.
El hecho de que las municipalidades fueran entes descentralizados, «Estados dentro del Estado, con poderes y atribuciones propias», acentuaba la influencia de los comisarios, que actuaban como puentes entre el poder provincial y el electorado de cada distrito. Ellos eran el nexo entre la política de los que mandaban y la política de los que obedecían, entre la elite y el pueblo, en un momento en el cual cristalizaron exitosos sistemas de influencias articulados íntimamente al devenir de la política nacional.
Desde julio de 1882, cuando se dictó un decreto ley que destinó fondos especiales para costear el servicio de policía, crear la policía de campaña y elevar a 70 el número de vigilantes en la capital, cada departamento provincial pasó a contar con un comisario rentado y tres soldados.
El rol de los comisarios en la construcción de vínculos clientelares y en el control de espacios que no siempre concordaron con los de las jurisdicciones municipales, fue un tema poco abordado por la historiografía argentina. Sin embargo, constituye una cuestión nodal para comprender las formas en que se ejerció el poder en las tempranas repúblicas de América Latina, la relación entre los poderes centrales y locales, la autonomía de los municipios y el dominio de las áreas rurales.
Las investigaciones realizadas hasta ahora hicieron pie en la importancia de estos personajes tanto como empresarios del voto como engranajes claves para conseguir y asegurar el triunfo electoral en la campaña.
Los comisarios eran integrantes de la elite u hombres estrechamente vinculados a ésta, como una forma de evitar el flujo de poder desde el grupo dirigente hacia otros sectores que pudieran pretender una alternancia del poder y tender a modificar el sistema de influencia vigente. En este contexto, el cargo de comisario era elegido directamente por el gobernador, con la posibilidad de renovarse anual e indefinidamente.
En una economía empobrecida, la posibilidad de un trabajo rentado como el de policía, creaba suficientes expectativas. La acumulación de poder de los comisarios, acompañada más de una vez con el crecimiento del patrimonio, podía culminar en reelecciones indefinidas o incluso en una banca en la Legislatura provincial. Fue este el caso de Julio Aguirre, quien supo ser también receptor de rentas del departamento de Orán (También es el caso Paulino Echazú en Anta y durante la segunda década del siglo XX; o de Marcelino Sierra quien es Coronel de la División de Metán y mantendrá su influencia durante todo el período).
Por el hecho de pertenecer a la comunidad en la que desenvolvían sus funciones, podían ser votantes, integrar las Juntas Escrutadoras de Votos y vigilar, a la vez, el acto electoral. Esta situación de jueces y parte los encontró envueltos en más de una oportunidad en conflictos con la comunidad y con el poder. En enero de 1880 Hermógenes Wayar, comisario por el departamento de Santa Victoria, fue acusado por los vecinos ante el gobernador Moisés Oliva:
«…que el referido comisario abusando de la autoridad que inviste ha tomado una parte activa y directa en la elección de rejidores municipales: forzando al populacho a que le reelijiese de municipe, por medio de amenazas, y coartando la libertad del sufrajio; pue que hizo llebar, por compañías á su casa, a la jente que estaba militarmente reunida, el día 24 del próximo mes pasado, en esta plaza les distribuyó las voletas é hizo practicar inmediatamente las votaciones, presidiendo él la mesa receptora; habiéndola suspendido dos horas después (antes de la once del día) y por privar de este modo la libertad de sufragio y burlarse de sus opositores que querían hazer que se cumpliera la ley de elecciones, la cual ordena que se mesa se cierre a las cuatro de la tarde» ( AHS, Carpeta de Gobierno Nº 1, 1880, 17 de enero de 1880).
La denuncia fue firmada por Román, Benedicto y Bautista Aparicio; Gregorio y Valentín Arnés; Ángel Castrillo, Napoleón Casasola y Rufino Chauqui, entre otros. Con apellidos ajenos a la elite, todos ellos participaban de la vida política departamental. En agosto de ese año habían votado en las elecciones a senador y diputado por Santa Victoria.
Wayar fue finalmente desplazado. El 17 de marzo de 1880, uno de los firmantes de la denuncia, Benedicto Aparicio, fue nombrado comisario del citado departamento sólo para ser reemplazado, dos meses después, por José Castellanos. Este sí pertenecía a la elite local y añadió a su función policial la de miembro de la Junta Escrutadora de Votos en la elección que proclamó como diputado a Manuel Zapana y como senador a Daniel Goytea en su distrito.
Una situación distinta se presentó pocos días antes en el departamento de Iruya, donde el comisario denunció ante el ministro de Gobierno, Pedro I. López, al presidente de la Mesa Escrutadora:
“Hase saber S.S. que en las elecciones que han tenido lugar en este Dpto el 28 del próximo pasado el Presidente de la Mesa Escrutadora, ha tenido la devilidad de recibir votos a bolivianos que hase pocos días que se encuentran de comerciantes por consiguiente no estan calificados en el Rejistro Cívico con todos estos estranjeros an podido conseguir treinta y tantos en la votacion. Firma Pedro Ceballos” (AHS, Carpeta De Gobierno Nº 1, 1880, 6 de enero de 1880).
Esta segunda denuncia confirma que los comisarios fueron verdaderos intermediarios políticos entre el grupo gobernante y las poblaciones del interior de la provincia. En este sentido, constituyeron un engranaje clave en la etapa de construcción del Estado provincial moderno, ya que contribuyeron a dominar los imprecisos territorios de la campaña salteña y a controlar a las poblaciones rurales.
Queda por indagar, entonces, cómo pudo la elite salteña incorporar a los grupos subalternos a la vida política, sin que ello significara incluirlos en los niveles de decisión del Estado provincial. Resta ver también los tipos de vínculos que favorecieron la articulación de sistemas de influencias duraderos y hasta qué punto la elite política se correspondió con la elite económica.
*En esta publicación se omitieron citas y algunas notas al píe de página. El trabajo completo puede leerse en este link.
