El pliego fue elevado al Senado provincial tras la designación de Martín Diez Villa como juez de Corte. La magistrada, cuya trayectoria acumula causas polémicas, quedará a cargo del organismo que conduce a los defensores oficiales.
El gobernador de Salta envió al Senado provincial el pliego de la jueza Ada Zunino para que conduzca la Defensoría General de la Provincia, el organismo que coordina el trabajo de los defensores oficiales en el ámbito judicial salteño. La Cámara alta deberá otorgar el acuerdo para que la magistrada pueda asumir.
La vacante se abrió tras una reorganización en cadena en la cúpula del Poder Judicial. El Senado aprobó los pliegos de Martín Diez Villa y Martín Plaza para integrar la Corte de Justicia. Diez Villa, quien ocupaba la Defensoría General en reemplazo del también flamante cortista Gabriel Chiban, dejó el cargo al ser promovido al máximo tribunal. Plaza, por su parte, era hasta entonces titular de la Delegación de la Casa de Salta en Buenos Aires.
Zunino llega a la propuesta con un perfil construido a lo largo de más de una década en el Poder Judicial salteño. Desde 2015 se desempeña en el fuero de Garantías de la Capital, tras haber ejercido anteriormente en los juzgados de Primera Instancia de Personas y Familia de Tartagal. Su nombre apareció con frecuencia ligado a causas de alto impacto: ordenó la detención de los hermanos Saavedra en la investigación por el crimen de Jimena Salas, rechazó el pedido de prisión domiciliaria del ex sacerdote Agustín Rosa Torino y sostuvo durante años la detención de Marcelo Torrico, condenado por el homicidio de los hermanos Leguina.
Pero su trayectoria tiene otra cara. Durante su gestión en Tartagal, un informe psicológico elaborado para proteger a Romelia Pistone —asesinada por su pareja en diciembre de 2014— nunca llegó a ser leído por la jueza y fue hallado posteriormente como «traspapelado». Ese mismo año, una resolución de Zunino derivó en la institucionalización y posterior adopción de dos niños que vivían bajo la guarda de su abuelo, un hombre anciano y en situación de pobreza. El defensor oficial que impugnó la decisión argumentó que la ley obligaba al Estado a sostener ese vínculo familiar, no a disolverlo. Ya radicada en la Capital, en 2017 trascendió que la magistrada guardaba 27.000 dólares en un armario de su despacho, en violación de los reglamentos internos del Poder Judicial. En 2018, su inacción ante los pedidos fiscales en la causa contra el entonces diputado Kuldeep Singh —filmado conduciendo una banda armada— generó interrogantes sobre su criterio frente a imputados con poder político. Y en 2023, declaraciones propias la volvieron a poner en escena: afirmó ante un medio radial que firmaría sentencias de muerte «sin inconvenientes morales» en determinados casos.
Según informó Nuevo Diario, el pliego ya fue elevado formalmente. Si el Senado otorga el acuerdo, Zunino dejará el fuero de Garantías para asumir la conducción de la Defensoría General, un salto institucional que la colocaría en uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la estructura judicial de la provincia.