El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta aseguró que el texto aprobado por Diputados busca sancionar una conducta periodística admitida por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.
“La “Ley Bozal”, como lo ha llamado una asociación de periodistas, pretende instaurar una especie de blindaje a los funcionarios públicos para evitar que puedan ser criticados o simplemente referirse por medios públicos a sus conductas” destaca el comunicado difundido por el FOCIS durante el fin de semana y que destaca que los diputados que le dieron media sanción el pasado martes incurrieron en una “evidente confusión”.
El proyecto elaborado por la diputada oficialista María del Socorro Villamayor sostiene que la intención es dar respuesta a «lagunas legales» que hay en el Código Penal Argentino cuando se hace referencia a los delitos vinculados a la violencia digital y las noticias falsas. Si bien hubo acuerdo en lo referido a la sanción del hostigamiento digital, no lo hubo en lo vinculado a la difusión de noticias falsas (artículo 50) que quedó redactado del siguiente modo: «será sancionado con arresto de hasta 25 días o multa de hasta 25 días el que creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos».
En ese marco, el comunicado del FOCIS recuerda también que en nuestro país se modificó el Código Penal, despenalizando las críticas en asuntos de interés público y se estableció que los funcionarios públicos y los jueces deben tener un umbral de tolerancia a las opiniones y juicios de valor en tanto se expusieron voluntariamente al escrutinio público. “Debieron recordar los señores legisladores que tan rápidamente generan como inapropiadas o en este caso delictuales a actos de los ciudadanos que los critiquen que no es nuestra Organización Institucional una monarquía, ni otro tipo de régimen mayestático. Se trata de una república, y en esta debe haber plena libertad para la crítica y la desavenencia con quien cumple una función pública”.
Tras recordar que ya hubo otros impulsos de asegurar blindajes para quienes detentan funciones públicas en provincias como en La Rioja; el comunicado concluye con un pedido a los “señores Senadores” para que “rechacen semejante media sanción tan obtusa como inconveniente para las instituciones provinciales”.
