Los diputados provinciales aprobaron una declaración que solicita a sus pares nacionales trabajar para que la gestión Milei reactive la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y del Fondo de Integración Socio Urbana.
La diputada Marianela Ibarra del bloque Salta Independiente fue la autora del proyecto. En su alocución, recordó que en la provincia existen alrededor de 354 barrios populares registrados en donde viven más de 200 mil personas que se vieron afectados por la paralización de cientos de proyectos desde el inicio de la gestión libertaria tras el cierre del fideicomiso nacional, el FISU. “Hay trabajos con avances del 25% y otros cercanos al 95% que hoy están detenidos”, cuestionó.
En igual sentido, el diputado Guillermo Kripper aportó datos sobre la situación en la capital salteña. Indicó que existen 52 barrios populares registrados y que sólo 14 habían comenzado procesos de urbanización. “Hay barrios donde las obras quedaron abandonadas. La gente sigue sin agua, sin cloacas y sin servicios básicos”, sostuvo.
La reacción del bloque libertario fue la esperada. Defendieron el cierre del FISU argumentando que el programa estuvo atravesado por irregularidades. “Fue una caja política utilizada para financiar movimientos y campañas”, afirmó. Fue el propio Kripper quien respondió la acusación al señalar lo obvio: “Si hubo corrupción, que la paguen los responsables. Pero no se puede castigar a las familias que necesitan infraestructura básica”, afirmó.
El proyecto de declaración fue aprobado pese al voto negativo del bloque libertario.

