El Comité CEDAW alertó sobre el desmantelamiento de políticas públicas y el cierre de instituciones clave desde finales de 2023. El organismo internacional dio al país un plazo de dos años para informar sobre la implementación de sus recomendaciones prioritarias.
El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU emitió una alerta contra el gobierno de Javier Milei y exigió medidas urgentes para revertir lo que describió como un «profundo retroceso» en los derechos de las mujeres y diversidades en la Argentina.
Tras un estudio reciente, el organismo expresó preocupación por los cambios registrados desde finales de 2023, centrando sus críticas en el debilitamiento institucional generado por la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El Comité señaló que esa decisión produjo una grave fragmentación en las políticas de género y advirtió sobre los recortes al Programa Acompañar y a la línea 144, afectada en su financiamiento, personal y accesibilidad para mujeres con discapacidad.
En materia de salud sexual y reproductiva, la CEDAW denunció el debilitamiento en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y la suspensión del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), ignorando los resultados positivos que el programa había arrojado. El organismo recordó el principio de no regresividad en derechos humanos y exhortó al Estado a garantizar la continuidad de estas políticas.
Respecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Comité reconoció su impacto positivo pero manifestó gran preocupación por las barreras estructurales que persisten en su aplicación. La falta de insumos, la carencia de personal capacitado y el uso «abusivo» de la objeción de conciencia fueron señalados como obstáculos que impiden el acceso real a la prestación, situación que el organismo vinculó al aumento de la mortalidad materna.
En el ámbito laboral, la CEDAW criticó el impacto regresivo de recientes reformas adoptadas sin evaluación de impacto de género, advirtiendo que la ampliación de períodos de prueba, la flexibilización laboral y el debilitamiento de la negociación colectiva afectan de manera desproporcionada a las mujeres, en particular a quienes asumen tareas de cuidado. El Comité también alertó sobre el aumento de la violencia digital contra mujeres y las deficiencias en la implementación de la Ley Olimpia.
Según informó Infonews, el Comité pidió al país que en un plazo no mayor a dos años entregue información escrita sobre la implementación de recomendaciones prioritarias, entre ellas las vinculadas al acceso al aborto legal, la ESI y las políticas de prevención de violencia de género. En palabras de Amnistía Internacional, lo que está en juego es «la vida, la autonomía, los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de millones de mujeres y adolescentes».