La Mesa de Derechos Humanos difundió un documento en donde denunciaron el acompañamiento de la provincia, a través de sus diputados nacionales, a las políticas nacionales que suponen un retroceso.
En Salta hubo dos actos, pero el principal fue por la mañana en donde se leyó un documento único. El mismo hizo un llamamiento en favor de la democracia y en contra del negacionismo del gobierno nacional e identificó al Plan Güemes como la medida que mejor sintetiza la “complicidad” entre nación y provincia al definirlo como una herramienta que busca “construir un vínculo entre narcotráfico y terrorismo para justificar la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interior”.
“Este gobierno viola todos los derechos humanos y las conquistas que el pueblo argentino ha conseguido con lucha y movilizaciones. Estas políticas están sostenidas por una represión feroz conducida por Patricia Bullrich que viola derechos consagrados por la Constitución y Tratados internacionales”, afirmaron.
También marcaron como ejemplo de retroceso institucional la compra de voluntades en el Congreso Nacional, al tiempo que señalaron que los legisladores nacionales por Salta Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega traicionaron el voto popular al acompañar las iniciativas del gobierno nacional. Frente al mensaje de odio del gobierno de La Libertad Avanza, “La respuesta debe ser la solidaridad”, aseguraron.
“El gobierno de Salta en línea con la política del gobierno nacional, llega con sus legisladores comprometidos a votar todas las medidas dispuestas por el nefasto presidente Milei, quien actúa además con la complicidad del Poder Judicial y apartado de la Constitución Nacional, convirtiendo al estado argentino en un estado de no derecho», aseguraron.
Sobre la gestión provincial, los organismos de DDHH repudiaron “la no atención de los hermanos y hermanas bolivianas en los hospitales públicos”; el aumento del coste de los servicios esenciales, y le reprocharon que «prioriza los intereses de las grandes empresas por encima del cuidado del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales”.
