El Juzgado Federal de Mercedes ordenó la suspensión de los artículos del DNU que permitían la privatización de los clubes. La medida cautelar solicitada por la AFA se mantendrá hasta la sentencia definitiva.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) obtuvo un fallo favorable en la Justicia contra el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) impulsado por el gobierno de Javier Milei. El Juzgado Federal de Mercedes resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la AFA y ordenó al Estado Nacional la suspensión de los efectos de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023, así como la reglamentación de las SAD. Esta medida estará vigente hasta que se dicte la sentencia definitiva.
A mediados de agosto, el Gobierno había avanzado con un nuevo decreto para permitir la privatización de los clubes mediante el formato de SAD. El Decreto 730/2024 reglamentó la conversión de la estructura jurídica de las instituciones deportivas, desatando la oposición de la AFA. Desde Casa Rosada, se cuestionó el planteo de la AFA, argumentando que la Constitución Nacional no le otorga facultades para impedir que un club elija convertirse en SAD, aunque sí para impedir su ingreso como miembro y su participación en los torneos organizados por la AFA.
El decreto publicado en agosto establece que las organizaciones deportivas que modifiquen su estructura jurídica tendrán derecho a mantener su participación en las competiciones en las mismas condiciones que antes de la modificación. Además, permite que las personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas se integren al Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física, al igual que las asociaciones civiles.
La normativa también especifica que, aunque los estatutos de las asociaciones no se hayan adaptado, estas no podrán impedir o dificultar los derechos de las organizaciones deportivas que elijan convertirse en SAD. Se otorga un plazo de un año para que la AFA y otras entidades adapten sus normas a esta medida. La Inspección General de Justicia, en julio, había emitido una resolución que desregula y flexibiliza los trámites relacionados con las SAD, en línea con los objetivos del gobierno de Milei.
