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¿La envidia de los libertarios? | Cuando una dictadura arrasó las universidades públicas argentinas

Fue el 29 de julio de 1966, durante la infame Noche de los Bastones Largos. Luego de ese episodio, más de mil docentes renunciaron a la UBA.

Esa dictadura que calificó a las mismas como una amenaza para los valores occidentales y cristianos, decidió dictar una Ley que daba fin a la Autonomía Universitaria. La misma facultaba también al Ministerio de Educación a concentrar las atribuciones que hasta entonces correspondía a los Consejos Superiores y Directivos formados por docentes, estudiantes y egresados electos.

Como era de esperarse, rectores y decanos se opusieron y junto a estudiantes tomaron distintas facultades de la UBA, aunque en la noche de 29 de julio de 1966 las puertas cedieron ante la carga policial: las luces se cortaron, los gases lacrimógenos explotaron a los que siguieron las famosas “filas indias” de uniformados que bastoneaban a los detenidos que caminaban hacia los vehículos policiales que los trasladarían a las comisarías, convirtiéndose esas imágenes en símbolo de la llamada Noche de los Bastones Largos.

El matemático norteamericano, Warren Ambrosse, se encontraba en la Facultad de Exactas esa noche y luego relató al New York Times los sucesos: “Entró la policía. (…) lo primero que escuché fueron bombas que resultaron ser gases lacrimógenos. Luego llegaron los soldados (…) nos agarraron uno por uno y nos empujaron hacia la salida (…) nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados (…) que nos pegaban con palos o culatas (…) El profesor Carlos Varvavsky, director del nuevo radio-observatorio de La Plata recibió serias heridas (…) como así también Félix González Bonarino, el ecólogo más eminente del país (…) Esta conducta va a retrasar el desarrollo por muchas razones, entre las que se encuentra de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país”.

No se equivocaba. Un estudio de Marta Slemensón en 1970 documentó que luego de esa noche 1378 docentes renunciaron a la UBA; 301 emigraron, de ellos 215 eran científicos y 86 investigadores de áreas sociales; 166 se quedaron en universidades latinoamericanas, 94 se fueron a EEUU, Puerto Rico y Canadá; mientras 41 se instalaron en Europa. A pesar de ello, el rector designado por la dictadura, el abogado Botet, declaró que “hay un principio que está por encima de uno, dos o cien profesores: es el principio de la autoridad”.

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