El gobierno nacional prepara un decreto que atentaría contra el sistema de atención. Este miércoles habrá una movilización a la Legislatura.
Este miércoles 29 de mayo a las 10, habrá una manifestación frente a la Legislatura de Salta para protestar por el ajuste que el gobierno de Javier Milei estaría por llevar a cabo, y que perjudicaría a más de 200 mil personas con discapacidad y a los trabajadores del sector.
«Nos movilizamos para frenar el decreto que atenta contra el sistema de atención a las personas con discapacidad. Basta de ajustes en discapacidad», asegura el comunicado difundido en las últimas horas entre los trabajadores salteños.
La movilización salteña coincidirá con otras que se realizarán en distintos puntos del país, incluyendo una frente a la Quinta Presidencial de Olivos.
«Avanza el decreto de desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Pese a que funcionarios del Gobierno Nacional desmentían la implementación de dicho proyecto, hoy podemos comprobar que el mismo avanza y ya está con dictamen firmado el 24/05/2024 por la Secretaría de Legal y Técnica. Ahora solo falta la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Alberto Francos y el Sr. Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei», aseguró un comunicado difundido este martes.
El Proyecto de Decreto N°/O 25 ordena «que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 y su modificatoria fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad».
«Con la confirmación de la inminente implementación del decreto, hoy más que nunca, te invitamos a sumarte a la movilización en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. ¡Frenemos juntos el decreto que destruye el sistema de atención a las personas con discapacidad!», cierra el comunicado.
El Foro Permanente de Discapacidad señaló que de llevar adelante la decisión de desregular las prestaciones, las personas con discapacidad que tengan una obra social como PAMI o una cuenten con una pensión o prepaga, serán atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales, sin importar su situación económica.
De esta manera, «aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello». Esto afectaría directamente en la calidad de vida de más de 200 mil personas con discapacidad.
Según informó Ámbito, esta decisión también agravaría la crisis económica que ya atraviesan los prestadores categorizados que deben cumplir con una serie de exigencias por parte del Estado ya que «da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga».
