Según el informe, más de 50 millones de pesos del municipio de Salvador Mazza, a cargo de Raúl Méndez, carecen de información respaldatoria.
El informe definitivo publicado por el organismo de control consta de 43 páginas y tenía un objetivo preciso: recabar información “para la Transición Institucional Municipal”. Como se recordará, en octubre pasado la justicia dispuso el allanamiento al domicilio del jefe comunal de Salvador Mazza, Rubén Méndez, a quien le incautaron 854.178 dólares, 9.070 euros, 34 millones de pesos, dos automóviles BMW y dos camionetas Ford Raptor. Casi de inmediato el jefe comunal pidió licencia, el Concejo Deliberante se la concedió y luego el municipio fue intervenido: Méndez fue eyectado y lo reemplazó el interventor Adrián Zigarán. La auditoría buscaba que éste último tuviera un diagnóstico preciso del estado de las cuentas municipales.
Las características de ese informe son lapidarias para el ex intendente. Está plagado de irregularidades y uno de los aspectos más graves tiene que ver con la inexistencia de registro sobre los millonarios saldos favorables que tuvo la municipalidad en los meses de julio, agosto y septiembre del año pasado.
“No consta información respecto a las inconsistencias detectadas en tesorería por $14.896.740, $16.971.974 y $23.905.507 que surgen de los resúmenes mensuales de ingresos y egresos correspondientes a los meses 7, 8 y 9 de 2021”, indica el informe que fue resumido por la sección local del diario Página 12 en su edición de hoy. El informe agrega además que de esos saldos no existe constancia de haber sido depositados en alguna de las cuentas de la municipalidad, así como tampoco fueron incluidos en el resumen de ingreso y egresos del mes siguiente como saldo de inicio. “De esta manera la Auditoría advierte que esos más de 50 millones de pesos desaparecieron de cualquier registro contable, sin que se pueda rastrear su existencia” destaca el medio citado.
Otro punto que destaca el informe es la particular maniobra de librar cheques a favor de la propia municipalidad, como una manera de obtener efectivo que se utilizaría para, por ejemplo, el pago de proveedores o el personal transitorio. “No queda claro cómo se justifica lo manifestado por los funcionarios a través de los registros asentados en el Mayor General”, advierte el informe.
