El organismo documentó un aumento en el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias en manifestaciones. Sólo en CABA más de mil personas resultaron heridas este año.
Un dato que emerge del informe de Amnistía Internacional bajo el título «Disenso en riesgo»: 1155 personas resultaron heridas como consecuencia de la represión a la protesta social en Argentina durante el año 2024. Esta cifra, construida a partir de informes de la Comisión Provincial por la Memoria y entrevistas realizadas por Amnistía, revela la magnitud del uso excesivo e ilegítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en al menos 15 manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
El informe, basado en más de 20 entrevistas a manifestantes, abogados, docentes, jubilados, profesionales de la salud, periodistas y trabajadores de prensa, pone de manifiesto un patrón preocupante. El uso indiscriminado de gases lacrimógenos y balas de goma, sumado a ataques a la prensa y detenciones arbitrarias, ha dejado un saldo de 1155 personas con lesiones, muchas de ellas graves, especialmente faciales y oculares.
Entre los casos documentados por Amnistía, destacan aquellos donde las balas de goma impactaron en la parte superior del cuerpo, contraviniendo los estándares internacionales. Personas como Matías Aufieri y Claudio Astorga sufrieron graves lesiones oculares, llegando este último a perder parcialmente la visión de un ojo. Además, se registraron testimonios de personas heridas mientras asistían a otros manifestantes, como el caso de Bárbara Acevedo, enfermera de una posta de salud que recibió múltiples impactos de bala de goma.
La criminalización de la protesta también se evidencia en las cifras. 73 personas han sido criminalizadas por su participación en manifestaciones, incluyendo las 33 detenidas durante la protesta contra la Ley Bases el 12 de junio. Este accionar, sumado a declaraciones oficiales que validan la represión, genera un clima de intimidación que restringe el ejercicio de derechos fundamentales.
Las normativas implementadas por el Ministerio de Seguridad desde el 10 de diciembre de 2023, como el “protocolo anti-piquetes” y las resoluciones 403/2024, 949/2023, 704/2024 y 84/2024, son señaladas por Amnistía como un factor clave en la vulneración de derechos. Estas normativas, según la organización, contravienen los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y restringen derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y asociación.
