La denunciante pagó $1.150.000 en total tras la falsa oferta de gestionar su cambio de destino. La causa avanza con allanamientos positivos y el análisis de las cuentas bancarias involucradas.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó provisionalmente a una agente de la Policía de Salta y a un hombre como presuntos coautores de estafa y extorsión. A la mujer, además, se le atribuyó incumplimiento de los deberes de funcionario público por su condición de efectiva en actividad y su presunta participación en la maniobra.
La causa se originó en la denuncia de una policía de la Subcomisaría San Jorge que buscaba su traslado al Departamento Bicipolicías. Según su relato, una compañera de trabajo le facilitó el contacto de una mujer identificada como «Sonia», presentada como vinculada a la Dirección General de Recursos Humanos y con capacidad para gestionar el cambio de destino, tal como consta en la información publicada por Fiscales Penales.
A través de ese contacto le exigieron $700.000 por el trámite, monto que la denunciante transfirió en dos pagos —$200.000 y $500.000— a una cuenta del hombre imputado. Al no concretarse el traslado, la mujer intentó desistir y le reclamaron $250.000 adicionales para cancelar la gestión, por los que realizó dos transferencias de $100.000 cada una.
Las exigencias continuaron con advertencias de que la deuda aumentaría, incluido un reclamo por el 35% de su sueldo, equivalente a unos $350.000. La denunciante rastreó el número utilizado en las gestiones y logró vincularlo con la agente policial que le había pasado el contacto inicial, lo que derivó en la denuncia penal.
El análisis bancario permitió reconstruir el circuito del dinero: los fondos recibidos en la cuenta del hombre imputado habrían sido transferidos posteriormente a la agente policial, un dato que la Fiscalía considera clave para vincular a ambos con la maniobra. Entre las pruebas reunidas figuran comprobantes de transferencias, comunicaciones y registros del dispositivo utilizado.
El 4 de septiembre se realizaron allanamientos en los domicilios de ambos imputados, autorizados por el juez Antonio Germán Pastrana, con resultados que las actuaciones judiciales calificaron como positivos para la investigación.