Lo dijo Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales de la UBA y en Geopolítica de la Universidad de París 8. También habló del oscuro panorama a pesar de los 56 proyectos en marcha. La comparación con Bolivia y Chile, los otros grandes de la región.
Argentina, Chile y Bolivia, con sus salares en Hombre Muerto, Atacama y Uyuni, concentran el 70% del litio disponible en el mundo. Constituyen el famoso triángulo minero que es objeto de deseo de las corporaciones globales ávidas por explotar el recurso, aunque sus gobiernos se comportan de manera bien distintas. “Entre 2017 y 2030 el Estado chileno obtendrá ingresos por 10 mil millones de dólares, además de 24 millones anuales para investigación y la misma suma para las comunidades. En Bolivia, toda la ganancia queda en el país. Lo que sucede en Argentina es realmente incomparable: se maneja por el muy favorable código minero para las empresas que, como si fuera poco, cuentan con miles de beneficios impositivos”, apunta Bruno Fornillo en una entrevista que el diario Página 12 publica hoy
Tras responder varias preguntas vinculadas al futuro energético del mundo, Fornillo se centralizó en la cuestión del litio cuya importancia – a su entender – radica en el propio mineral y también en el hecho de constituir un prisma privilegiado para pensar la transición energética y nuevos modelos de desarrollo. “Sirve para estudiar cómo funcionan las políticas de extracción de minerales; para advertir cómo funciona el crecimiento en la cadena de valor en proyectos nacionales estratégicos; para analizar de qué manera se articulan ciencia, tecnología, industria y política; así como también para explorar cómo son las relaciones entre las diferentes escalas del gobierno (municipal, provincial y nacional), y el accionar de las comunidades locales y originarias”.
En ese marco le preguntaron sobre las diferencias que hay entre Argentina, Chile y Bolivia en cuanto a las políticas que despliegan en torno al mineral: “En Bolivia, el fomento del control litífero en manos públicas fue propiciado por las comunidades locales en 2007. El Poder Ejecutivo tomó esa propuesta y la consideró uno de los nueve proyectos estratégicos del país. A partir de aquel momento, el Estado controla las reservas de Uyuni, genera sus propias técnicas de extracción y creó la empresa Yacimientos Litíferos Bolivianos (YLB) (…) Como si fuera poco, generó un contrato con una empresa alemana (ACI Systems) mediante el cual producirán la química secundaria y las baterías para destinar al mercado europeo. La socia europea se compromete a proveer su capacidad técnica, la mitad del capital y accede al control del 49%, mientras que el Estado boliviano se queda con el 51”.
Con respecto a la situación de Chile – al que Fornillo calificó de neoliberal – el académico dijo que “tiene una política que combina el predominio mercantil con una lógica a largo plazo” con lo cual enfatizó que en Chile hay una derecha que planifica: “Durante el último bienio, Chile reformuló los contratos con las dos empresas productoras. Suponen una cantidad de regalías importantísimas que dejan los privados (aproximadamente 10 mil millones de dólares recauda el Estado en toda la etapa productiva), destinan el 25 por ciento de la producción litífera al mercado doméstico a precios preferenciales –con lo cual se llama a licitar para que empresas internacionales produzcan química secundaria y baterías pero en el país– y, como si fuera poco, también reservan 24 millones de dólares anuales a la investigación”.
Así las cosas, Fornillo asegura que Bolivia y Chile tienen políticas nacionales respecto del litio, algo que no parece tan seguro en Argentina que “se erigió como el país que ofrece las condiciones más ventajosas para que las corporaciones globales, ávidas de contar con el insumo, se instalen en el territorio. En el presente, en el país hay 56 proyectos de extracción litífera en salares de Catamarca, Salta y Jujuy. El litio se rige por el código minero menemista, que ofrece amplias facilidades y garantías para el establecimiento de empresas extractivas internacionales porque las regalías que pagan son exiguas. No tienen restricciones para la exportación directa del carbonato de litio, por eso todos los salares del país tienen pedimentos (pedido de permiso sólo de exploración) aunque no estén explotados”.
A lo último, el experto lo ejemplificó casi como una distribución de proyectos inmobiliarios: “los actores extranjeros se reservan su área para una eventual explotación en el futuro. Se genera, de esta manera, una suerte de mercado financiero inmobiliario. Solo Jujuy intentó tener un control mayor, ya que hay una empresa provincial y tiene porcentajes mínimos de algunas de las explotaciones. No obstante, es muy poco lo que se puede hacer sin una política de Estado”, enfatizó para luego recordar que la falta de política es tal, que el sector minero celebra que sea China y Estados Unidos los que se ofrecieron a realizar un mapa exhaustivo del litio en nuestro país. “Parece bizarro pero nuestras autoridades nunca se preguntaron por qué estas potencias tenían tanto interés en relevar la existencia de nuestros recursos”, finalizó.