Se trata del proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos. La iniciativa cuenta con el aval del Frente de Todos, pero no de Juntos por el Cambio.
Según informan los medios nacionales, en una reunión de Labor Parlamentaria realizada ayer los jefes de los bloques parlamentarios acordaron incluir en el temario de la sesión de este jueves la prórroga que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento opera el 23 de noviembre. El proyecto fue presentado por la senadora salteña Nora Giménez (Frente de Todos) y propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006.
El proyecto dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma una suma de 290 millones de pesos. «Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos», señaló Giménez durante el debate en comisión. Agregó que todavía no se completaron los relevamientos sobre estas tierras y que «actualmente las comunidades indígenas llegan casi a 1700».
