Fueron creadas por Domingo Sarmiento en 1866 y hoy se cuentan por miles. Tienen gran relevancia en el interior del país y en los barrios populares en general. La ley Milei les elimina aportes, subsidios a las tarifas y representación.
Creadas por Domingo Faustino Sarmiento en 1866, la primera en existir se llamó Biblioteca Popular Franklin y estuvo en la provincia de San Juan. Hoy existen cientos a la lo largo y ancho de todo el país. Según el sitio oficial de la CONABIP, en Salta son 33 las debidamente registradas y hay muchas otras que tras años de trabajo voluntario esperan ser reconocidas.
La ley enviada por Milei al congreso le dedica el apartado quinto que preocupa hondamente a estas asociaciones civiles porque deroga el Fondo Especial que creaba la Ley 23.351. Ello supone el desfinanciamiento a las Bibliotecas Populares y la eliminación de la ayuda que el Estado otorga a esas asociaciones civiles. Según el texto propuesto, desaparecen los artículos que establecen que además de las partidas que sean asignadas por el Presupuesto General de Gastos de la Nación” existe el “Fondo Especial para Bibliotecas Populares” que se destina “exclusivamente para el otorgamiento de beneficios directos a las Bibliotecas Populares”.
A su vez, la ley elimina las tarifas reducidas a los servicios públicos para las Bibliotecas Populares así como los beneficios de gravamen fiscal; franquicia postal; liberación de todo gravamen establecido en la ley de impuesto de sellos; “subvención para el mantenimiento de las instalaciones; aumento del caudal bibliográfico; remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario; modernización del equipamiento; y actualización del procesamiento técnico de materiales”. También la nueva ley elimina la Junta Representativa, es decir un órgano federal dentro de la Conabip que estaba compuesta “por un representante por provincia y uno por la Capital Federal”.
