La medida alcanza a todos los poderes del Estado, desde el gobernador hasta concejales municipales. El test sorpresivo será condición para asumir y para mantenerse en cualquier cargo o función pública.
El Senado de la provincia de Salta aprobó por unanimidad el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 32, que establece la obligatoriedad de someterse a controles toxicológicos como requisito para acceder o continuar en cargos públicos. La sesión extraordinaria fue convocada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 33/2026, al amparo de los artículos 112 y 44 inc. 11) de la Constitución Provincial.
La norma cubre un universo amplio de funcionarios: el gobernador y vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios y directores generales; las máximas autoridades de organismos autárquicos, sociedades del Estado y entes con participación estatal mayoritaria; los ministros de la Corte de Justicia, jueces, fiscales, defensores y asesores de incapaces; diputados, senadores, intendentes y concejales; y toda persona que ingrese a cualquiera de esos organismos.
Los controles deberán realizarse de forma sorpresiva, mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria competente y aplicadas por personal habilitado en el lugar donde el funcionario cumpla sus funciones. La medida fue tratada con dictamen favorable de las comisiones de Salud Pública y Seguridad Social y de Adicción, Tráfico y Consumo Ilícito de Drogas.
La sesión fue presidida por el vicegobernador Antonio Marocco con la presencia de 22 senadores, según informó la prensa del Senado salteño. Un dato importante es que la aprobación por parte de esa cámara es suficiente para que el DNU adquiera validez: no requiere el tratamiento de la Cámara de Diputados ni constituye una media sanción.
La Constitución Provincial establece que el Poder Ejecutivo debe remitir el decreto a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado y convocar de inmediato a sesión extraordinaria si esta se encuentra en receso, bajo pena de que la norma pierda eficacia en forma automática. Si transcurren noventa días desde su recepción legislativa sin que sea aprobado o rechazado, el decreto queda convertido en ley.