En el marco del «Plan Motosierra», el Ejecutivo anunció el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. El vocero presidencial justificó la medida por supuesta ineficiencia y despilfarros.
El Gobierno Nacional continúa con su plan de reestructuración y reducción del aparato estatal. En esta ocasión, anunció el desmantelamiento de dos organismos dedicados al sector agrícola familiar, lo que implicará el despido de 900 empleados.
La noticia fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, al cumplirse los primeros cien días de gestión. Según sus declaraciones, la decisión se fundamenta en una revisión que arrojó «datos calamitosos, profundamente desoladores» sobre el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
Adorni justificó los despidos aludiendo a una supuesta ineficiencia en el funcionamiento de estos organismos. Señaló que, de los 964 empleados iniciales, solo 64 permanecerán en una dirección que nucleará las actividades. «Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos», subrayó.
El portavoz también cuestionó «la fiesta que había del gasto público» en estas entidades. Denunció la existencia de 160 delegaciones, dos sedes en diferentes provincias, un exceso de personal en puestos de delegados, una flota de 204 vehículos y la destinación del 85% del presupuesto al pago de salarios, calificando a los organismos como «casi una agencia de empleo político».
Además, Adorni afirmó que «se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios», y aseguró no haber recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo, lo que supuestamente reflejaría la ineficiencia de estas instituciones.
