Fue realizada entre enero y abril de 2023 en el norte salteño y revela que las mujeres indígenas tienen pocas posibilidades de acceder a la Justicia para denunciar violaciones sexuales a mujeres y niñas.
El proyecto se llevó adelante en tres comunidades del norte salteño: Carboncito de Embarcación; otra comunidad de General Ballivián, y en la comunidad del Pueblo Tapiete de Tartagal. La presentación de los resultados, mientras tanto, se realizó este último viernes en el Mercado Artesanal de la ciudad de Salta.
El objetivo era explorar y visibilizar la práctica del «chineo», tal como se conoce a las violaciones en banda cometidas por personas no indígenas. Los datos más relevantes de la investigación “refieren a que en las comunidades relevadas existe un desconocimiento generalizado de la palabra chineo; mientras que en algunas de ellas, el término es considerado estigmatizante” destaco la sección local del diario Página 12 en su edición de hoy.
En esa línea, las mujeres que participaron del proyecto denunciaron que cuando las mujeres afectadas quieren denunciar se observa «inaccesibilidad a la justicia por discriminación y racialización», afirmación que se sostiene en relatos como: «no me atienden cuando voy a denunciar», «no me creen», «se burlan de mi denuncia». De esta manera, cuestionaron al sistema judicial y a los procesos de investigación penal que involucran personas de los pueblos originarios.
Otros de los datos que destacó el proyecto está vinculado con la inaccesibilidad a los «estratos educativos superiores por sus condiciones económicas y la carencia de docentes bilingües». También resaltaron que existe un «escaso reconocimiento profesional de las lenguas maternas», dado que se denunció que el sistema educativo de la provincia no reconoce la titularización de la lengua materna de las docentes indígenas.
“La Red Las Macachas está conformada por la Fundación GEMA, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, la Asociación Pacha Lab, la Fundación Markani y la ONG Aynis” destacó el medio ya citado. La misma pidió el último viernes que las normativas vigentes tipifiquen las violaciones en banda a mujeres e infancias indígenas como «crímenes de práctica racista y colonial con la máxima pena posible y esos sean de carácter imprescriptibles». También, apuntaron a que se promueva la modificación, incorporación o creación de una normativa con la consulta y participación activa de los pueblos originarios e instaron a que se diseñen protocolos adecuados de acompañamiento para las distintas violencias y vulnerabilidades a mujeres e infancias originarias que consideren sus lenguas, prácticas ancestrales, cosmovisión, cosmogonía.
