También en la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas. Las presentaciones fueron realizadas por el CELS, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales y Amnistía Internacional.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES) y Amnistía Internacional Sección Argentina, realizaron una presentacio´n ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas por el caso del docente salteño Nahuel Morandini, preso en Jujuy desde el 4 de enero por tuitear críticas hacia el ex gobernador Gerardo Morales.
«La fiscalía y el poder judicial de Jujuy acusaron a Morandini y a Roque Villegas, otro trabajador independiente que también tuiteó sobre el mismo tema, por delitos gravísimos como lesiones psíquicas contra la esposa de Morales, Tulia Snopek, y por la supresión de identidad de la hija que tiene con Morales. Hasta hoy no hay ninguna prueba seria que permita sostener la existencia de tales delitos, menos aún de riesgos que permitan sostener la necesidad de una privación de la libertad por 60 días», asegura el CELS en un comunicado publicado este jueves.
«Además, la justicia de Jujuy le prohibió hablar del caso a familiares y allegados de Nahuel Morandini. También obligó a Nahuel a la realización de un tratamiento psiquiátrico por supuestamente ejercer violencia de género a través del tweet mencionado. Todos estos métodos representan la utilización del derecho penal para criminalizar la libertad de expresión», sigue.
«La situación de los derechos humanos en la provincia de Jujuy viene siendo observada por la CIDH desde hace varios años, en particular desde el ensañamiento, hostigamiento y criminalización contra Milagro Sala. Hace pocos meses, en el marco de las protestas contra la reforma constitucional de la provincia, la CIDH llamó a respetar estándares sobre el uso de la fuerza y el derecho a la protesta social. Aun así, abogados y abogadas integrantes de organismos de derechos humanos, referentes indígenas y activistas fueron sancionados con aplicación de contravenciones o incluso, la justicia provincial los criminalizó y condenó por manifestarse», agrega el texto.
«Frente a esta nueva situación, es fundamental que la CIDH comprenda que la actuación del poder judicial jujeño se aparta de estándares internacionales que Argentina se comprometió a cumplir en materia de libertad de expresión y que le requiera al Estado información al respecto», continúa.
«La utilización de las figuras penales para imputar a Marcelo Morandini y a Roque Villegas por un posteo carece de proporcionalidad o de un fin legítimo, ya que se trata de la restricción de derechos más severa posible que existe en la justicia: la privación de libertad. Los primeros días de detención, además, Nahuel y Roque fueron alojados en celdas de castigo de la Unidad 2 de Máxima Seguridad del Penal Gorriti. Este proceso de criminalización y encarcelamiento tiene efectos disuasorios, disciplinantes y amedrentadores sobre toda la sociedad, que verá limitado su ejercicio a la libertad de expresión, dentro o fuera de las redes sociales», finaliza.
