Un proyecto ingresado en la Legislatura propone la realización de exámenes toxicológicos obligatorios a todos los funcionarios públicos, desde el Gobernador hasta los subcomisarios de Policía.
La medida impulsada por el legislador Juan Romero contempla la realización de rinoscopias y análisis bioquímicos periódicos. En caso de detectar el consumo de sustancias ilegales, se prevé el cese inmediato del funcionario designado o la revocación del mandato del electo.
El proyecto, que aún debe ser debatido y votado en la Legislatura, ha generado un amplio debate previo y no es la primera vez que se presenta algo de similares características. Sus defensores argumentan que es necesario garantizar que quienes ocupan cargos públicos sean ejemplo de integridad y no estén vinculados al consumo de drogas. Sin embargo, también hay quienes expresan preocupación por la posible vulneración de derechos individuales y la efectividad de esta medida para combatir el narcotráfico.
El Ministerio de Salud será el encargado de coordinar estos controles, que se realizarán en hospitales públicos de la provincia. Los funcionarios que obtengan un resultado positivo tendrán derecho a solicitar una contraprueba, pero en caso de confirmarse el consumo, se aplicarán las sanciones correspondientes.
La propuesta de Romero busca que otros poderes del Estado y los municipios se adhieran a esta normativa, ampliando su alcance a toda la administración pública provincial.
