El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria enfrenta una crisis institucional tras la aprobación de medidas consideradas ilegales por trabajadores y especialistas. La creación de una nueva Secretaría de Coordinación de Gestión concentraría funciones que legalmente corresponden a la Dirección Nacional.
Un histórico referente en desarrollo rural, Carlos Alemany, renunció al Consejo del Centro Regional Patagonia Norte del INTA tras denunciar que nueve de diez consejeros aprobaron medidas «claramente ilegales» durante la reunión ordinaria del 28 de marzo. En su carta de renuncia, Alemany calificó la reforma estructural como «ilegal» y advirtió que es «el paso inicial para despedir personal altamente calificado, disminuir infraestructura, cerrar Agencias de Extensión y reducir programas y proyectos».
La propuesta aprobada incluye la creación de una Secretaría de Coordinación de Gestión que concentrará funciones actualmente asignadas por ley a la Dirección Nacional. Según Julieta Boedo, delegada de ATE e integrante de la Coordinación Nacional ATE INTA, esta reestructuración representa «un golpe institucional» donde «el Consejo Directivo se autovotó superpoderes», contraviniendo la ley de creación del organismo (21.680) y su modificatoria (20.340).
El gobierno de Javier Milei ya había tomado medidas contra el INTA a finales de 2024, como la anulación de los programas ProHuerta y Cambio Rural, además de desvinculaciones de trabajadores. Recientemente, cerró la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires y 41 agencias de extensión en todo el país, y subastó el inmueble ubicado en Cerviño en un proceso cuestionado por irregularidades.
Para Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional, estas acciones forman parte de un plan sistemático para «terminar con las regulaciones que garantizan seguridad y soberanía alimentaria y productiva». Según los representantes gremiales, el objetivo final sería transformar el sistema científico-tecnológico en «un apéndice de las empresas» a costa de la soberanía nacional, eliminando personal calificado que «con su pensamiento hace ciencia».
