Las presentaciones judiciales apuntan contra un cabo primero. La acusación se da en un contexto de crisis de ingresos en las fuerzas de seguridad y militares del país. Estiman que el circuito financiero delictivo habría movilizado más de $2.700 millones.
Agentes del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, junto con personal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), llevaron adelante ayer siete procedimientos simultáneos bajo la conducción de la fiscal penal interina, Ana Inés Salinas Odorisio. Los operativos se desplegaron en distintos puntos de la ciudad de Salta —barrios Democracia, Divino Niño y Primera Junta— y en la localidad de Cerrillos.
“El esquema se presentaba como un círculo cerrado y confidencial, sin monto mínimo de ingreso, con promesas de intereses mensuales que oscilarían entre el 10% y el 15%, y con posibilidad de realizar retiros parciales del capital”, destaca el parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial.
Según los damnificados, en una primera etapa del mecanismo se habrían concretado pagos parciales de intereses e incluso reintegros de capital, una dinámica habitual en este tipo de maniobras que reforzó la confianza de los aportantes.
Sin embargo, con el correr del tiempo, comenzaron las demoras, los pedidos de prórroga, las transferencias mediante cuentas de terceros y, finalmente, la interrupción total de las respuestas por parte del supuesto líder del esquema.
Varios de los denunciantes afirmaron haber entregado cifras millonarias al cabo investigado con la expectativa de obtener rendimientos. Algunos señalaron aportes cercanos a los $7 millones, mientras que otros indicaron montos que alcanzaron los $24 millones.
“A partir del análisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores detectaron 409 operaciones concentradas en sólo tres cuentas virtuales del investigado —Mercadopago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas”, destacaron desde el MPF salteño.
Desde la investigación también informaron que el volumen de fondos en circulación superaría los $2.702 millones. Además, se estableció que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transferencias al denunciado, junto con personas registradas como visitas, ex internos y terceros sin vínculo formal con la institución.
Uno de los puntos incorporados al informe judicial es que el cabo investigado no habría actuado de manera individual. Todo indicaría la existencia de una organización interna integrada por otros efectivos que habrían cumplido funciones activas en la captación y canalización de los fondos de terceros.
Entre los episodios analizados se destaca el caso de una funcionaria penitenciaria —última denunciante en incorporarse a la causa— cuyo perfil económico y crediticio resultaría incompatible con las más de 94 transferencias que realizó al acusado por un monto superior a los $118 millones. Situaciones de características similares se repiten en otros agentes de la misma fuerza.
Para la fiscalía, la operatoria respondería a un esquema de tres niveles: el cabo denunciado, vinculado a áreas administrativas del Servicio Penitenciario, como presunto organizador del sistema; un grupo reducido de funcionarios que habrían actuado como captadores y concentradores de fondos, aprovechando el vínculo laboral y la confianza entre colegas; y una base extensa de aportantes conformada por más de un centenar de efectivos penitenciarios.
Por último, se confirmó que tanto el principal acusado como una mujer vinculada a la causa fueron citados a audiencia de imputación, en el marco del avance del expediente judicial.
