El Tribunal Oral Federal N° 1 determinó que la pena deberá cumplirse con un mínimo de 35 años de prisión antes de optar por la libertad condicional. La defensa insistió en la inocencia de los condenados y denunció irregularidades en la investigación.
El Tribunal Oral Federal N° 1 sentenció este jueves a cadena perpetua a David y Santiago Bejarano por el homicidio agravado de Darío Monges, ocurrido en septiembre de 2022, cuando lo encontraron, dentro de su vehículo, con 5 disparos en la cabeza, en un descampado de la zona sudeste salteña. La condena se estableció tras el juicio de cesura, que definió las penas luego de declarar a los hermanos culpables la semana pasada.
La sentencia incluye un mínimo de 35 años de prisión efectiva antes de poder solicitar la libertad condicional, y la duración total de la pena será de 45 años. Además, se dispuso el pago de 45 unidades fijas, rechazando la solicitud de la defensa para declarar inconstitucional la prisión perpetua.
La querella, representada por Nicolás Escándar, había solicitado el máximo de la pena posible, argumentando que el crimen fue premeditado y cometido con alevosía y uso de armas de fuego. En contraste, la defensa oficial sostuvo la inocencia de los acusados y afirmó que la investigación fue sesgada, dejando de lado otras líneas que podían comprometer a terceros.
Durante la audiencia, la madre de los condenados solicitó que sus hijos no sean trasladados de la Unidad Carcelaria N° 16 de Cerrillos, mientras que uno de los momentos más emotivos lo protagonizó la pareja de Santiago Bejarano, quien confirmó estar embarazada de tres meses. Por su parte, David Bejarano reiteró su inocencia y señaló que la situación ha causado un sufrimiento profundo en su familia.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Eduardo Villalba y Mariana Gamba Cremaschi, sostuvo que los Bejarano asesinaron a Monges por un conflicto vinculado a la venta de drogas, posiblemente una «mexicaneada». Pericias odorológicas y balísticas reforzaron esta hipótesis, aunque fueron cuestionadas por la defensa, que denunció irregularidades en la manipulación de pruebas clave durante la instrucción.
La abogada defensora Clarisa Galán calificó el proceso como deficiente y criticó el enfoque de los investigadores, señalando que otras hipótesis fueron ignoradas. A pesar de estos planteos, el tribunal ratificó la condena máxima, marcando un desenlace que deja divisiones entre las partes y que podría ser apelado.
