La causa tiene más de una docena de imputados y detenidos que incluye a penitenciarios, presos y familiares de estos últimos. Se investiga el cobro de dinero a cambio de beneficios y el ingreso de elementos prohibidos como drogas.
La causa comenzó en diciembre pasado tras la denuncia de un exrecluso sobre irregularidades y actos de corrupción en la cárcel salteña que incluían el cobro de sumas de dinero a cambio de otorgar beneficios o ingresar elementos prohibidos, entre ellos drogas. Aquella vez fueron detenidas 16 personas: siete funcionarios del Servicio Penitenciario, siete mujeres y dos hombres. La semana pasada se sumaron otros dos detenidos.
No obstante, hace semanas que la Unidad Fiscal integrada por el procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio y el fiscal Santiago López Soto; interpusieron ante el Juzgado de Garantías 3 una reiteración del recurso de apelación en contra de las resoluciones del juez de Garantías 4 que otorgó el beneficio de la detención domiciliaria a 13 personas involucradas.
Ahora el juez Pablo Mariño revocó parcialmente el arresto domiciliario. La medida comprende a cinco funcionarios del Servicio Penitenciario, entre los cuales hay tres jefes. Además, está la madre de un interno, de quien se presume que desempeñó un papel crucial en la fragmentación y entrega de sustancias estupefacientes a un guardia carcelario. Y hay otras tres personas que habrían llevado adelante roles significativos dentro de la organización bajo investigación. Mientras tanto, otras cuatro mujeres imputadas en la causa permanecerán bajo arresto domiciliario.
