Será el próximo 28 de mayo en Diputados. Así lo acordaron en una reunión entre diputadas, militantes y especialistas. Es la octava vez que ingresará al congreso un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
El próximo 28 de mayo fue la fecha acordada la semana pasada en un encuentro cerrado del que participaron diputadas nacionales, especialistas y militantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La iniciativa incorporó cambios con respecto a la media sanción del año pasado y los mismos fueron consensuados en un plenario de la Campaña por el Aborto realizado durante el mes de marzo en la Universidad de Córdoba.
Según se acordó, se buscará repetir la fórmula de la pluralidad entre los primeros firmantes y además esperan ampliar la cantidad. El año pasado se dio el récord de 71 adhesiones y ahora tratarán de reforzar la presencia del bloque Justicialista, el Frente Renovador y Red por Argentina. El día de la presentación del proyecto -en lugar a definir-, se realizarán simultáneamente movilizaciones en todo el país y se instalaría una pantalla gigante en las afueras del Congreso para seguir la conferencia de prensa.
El artículo 1° de la nueva redacción establece que toda mujer u “otras identidades con capacidad de gestar” -figura que se incorporó ahora- tienen derecho a “decidir voluntariamente” y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional.
En tanto, en las causales de IVE más allá de ese plazo ya no se encuentra la “inviabilidad de vida extrauterina del feto”, sino que quedan establecidos los casos en los que el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida de la mujer o persona gestante. Otro de los artículos indica que “si la interrupción voluntaria del embarazo se llevara a cabo en un establecimiento de salud, sus autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa”.
Este nuevo proyecto no contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave para garantizar votos a favor de la iniciativa durante su debate en el Congreso. En cuanto a los cambios en el Código Penal, el artículo 88 que se propone reemplazar expresa que “la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ningún caso será penada”.