La resolución surge tras la presentación de un Habeas Corpus por parte del Comité de Prevención de la Tortura. El máximo tribunal recalcó que el gobernador es responsable del diseño de políticas que garanticen los derechos de este sector de la población.
Antes de la definición del máximo tribunal provincial, el procurador general de la provincia, Pedro García Gastiella, había emitido un dictamen favorable sobre la competencia de la Corte.
Con respecto a la presentación del habeas corpus, el Comité de Prevención de la Tortura requirió que se ordene la reparación de la situación lesiva en que se encuentran alojadas las personas privadas de libertad y que se conmine a los organismos estatales responsables de su guarda a implementar medidas específicas para garantizar condiciones de habitabilidad de dichas instalaciones.
“Al analizar los planteos del Comité, la Corte señaló como responsable al gobernador Gustavo Sáenz” destacó la sección local del diario Página 12 en su edición de hoy. «Es dable observar que el presentante (el CPT) funda su planteo atribuyéndole, a la Provincia de Salta, una supuesta omisión con respecto a las condiciones de habitabilidad que brinda a las personas que, privadas de su libertad ambulatoria por diferentes motivos, se encuentran alojadas en dependencias estatales», consideró el tribunal.
En ese contexto, añadió: «es menester recordar que la Provincia de Salta es representada legalmente por el titular del Poder Ejecutivo, quien además dirige y formula sus políticas, es jefe de la Administración centralizada y descentralizada y es el único órgano estatal que ejerce, ‘lato sensu’, función gubernativa».
«De ese modo, si bien no se desconoce que algunas obligaciones legales (…) podrían corresponder a cometidos de varias carteras del Poder Ejecutivo, resulta incontestable que el diseño de las políticas públicas en pos de la garantía de los derechos relativos a las personas privadas de su libertad ambulatoria, alojadas en dependencias policiales, pone en evidencia la voluntad política del Gobierno Provincial representado por su Poder Ejecutivo», prosiguió la Corte.
Por último, el máximo tribunal salteño insistió en «que la responsabilidad del jefe ejecutivo resulta independiente, activa, real, ejerce por sí la suma de su poder político, distribuyendo su acción administrativa general entre los jefes secundarios, cabezas de cada departamento».
