Un juez aplicó la Ley 27801 sobre régimen penal juvenil y bajó la pena de 20 años que el hombre cumple desde 2013. Tenía 17 años cuando mató a su madre y a sus dos hermanos menores en Salta. La defensa informó que el condenado, hoy de 30 años, lleva 13 años y siete meses preso. Con la nueva pena, cumpliría el plazo requerido el año próximo.
El defensor oficial penal juvenil N.º 2, Adolfo Sánchez Alegre, presentó el pedido de reducción con base en la Ley 27801, vigente desde el 5 de septiembre, que fija un máximo de 15 años de prisión para delitos cometidos por menores de edad. La solicitud se evaluó en una audiencia y el magistrado hizo lugar al planteo. La decisión se apoya en el principio de la ley penal más benigna, previsto en el artículo 2 del Código Penal. “Esto se hace estrictamente en cumplimiento de la ley, no admite subjetividades. La defensa puede hacer planteos, pero decide un juez”, sostuvo Sánchez Alegre, defensor oficial penal juvenil N.º 2.
En noviembre de 2014, el hombre había sido condenado a 20 años de prisión efectiva por homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía, y por dos homicidios calificados por alevosía, en concurso real. Está detenido desde febrero de 2013. El crimen ocurrió en una vivienda de la zona sudeste de la capital salteña, tras lo cual el joven escapó y luego se entregó a la Policía, donde confesó. Era estudiante de una escuela técnica, sin problemas de conducta aparentes y con buen rendimiento académico.
Según el defensor, los informes oficiales registran conducta ejemplar, con calificación de 10, y concepto muy bueno, con 7 puntos. No tiene sanciones disciplinarias graves ni causas penales pendientes. Trabaja en los talleres de encuadernación de la cárcel, participa en actividades terapéuticas y planea terminar el secundario para luego iniciar una carrera.
Sánchez Alegre recordó que tras la sentencia de 2014 apeló la pena por considerarla excesiva, pero su defendido rechazó una reducción porque creía que debía cumplir la condena. Esa postura cambió tras casi 14 años de encierro y ahora acepta la aplicación de la nueva ley. El condenado mantiene contacto con su padre y otros familiares, que le brindan contención.
La defensa estima que la salida de prisión podría concretarse durante 2027, aunque la situación quedará sujeta a las resoluciones judiciales y a los cómputos correspondientes. El defensor consideró que el apoyo familiar, la asistencia psicológica y las actividades educativas serán importantes para una eventual reinserción social.
El triple crimen
Los detalles del caso llegaron a la prensa nacional. Una mujer de 34 años y sus dos hijos de 8 y 12 años fueron hallados muertos en una cama de su vivienda de barrio Solidaridad, en el sudeste de la capital salteña. La niña presentaba 14 puñaladas, el varón tenía la cabeza destrozada por golpes de martillo y la madre tenía heridas de arma blanca y golpes en la cabeza. El hecho habría ocurrido entre la noche del sábado 23 de febrero y la madrugada del domingo 24, y la abuela materna dio aviso a la Policía cuando nadie respondió sus llamados.
El padre, albañil, trabajaba en El Calafate, provincia de Santa Cruz, y viajaba hacia Salta cuando se difundió la noticia. Vecinos consultados por el diario describieron al joven como reservado, sin vínculos con el barrio y con hábitos de encierro.
En el lugar quedaron los elementos utilizados en el ataque. En el baño, los investigadores encontraron ropa del hijo mayor, de 17 años, con manchas de sangre, y la heladera tenía rastros de sangre, por lo que presumieron que el autor la abrió después del crimen. La Policía buscó al adolescente en la casa de su novia y en su escuela técnica, sin resultados, y una fuente de la investigación manifestó temor de que se hubiera quitado la vida.
Tras cometer los brutales homicidios, el adolescente cerró la casa con llave, huyó hacia la provincia de Jujuy e intentó escapar a Bolivia por el paso de La Quiaca. Sin embargo, pocos días después regresó a Salta y se entregó voluntariamente ante la policía, confesando: «Soy el que mató a toda su familia en Solidaridad». En noviembre de 2014, tras comprobarse su autoría, fue condenado a 20 años de prisión efectiva por homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía.