El Juzgado Federal de Dolores ordenó al organismo revelar la documentación completa del crédito por U$S 20.000 millones en cinco días. La medida responde a una acción de amparo que cuestionó la falta de transparencia en el acuerdo tramitado por DNU.
El fallo judicial estableció que el Ministerio de Economía debe proporcionar el expediente íntegro que sustenta el acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, tras rechazar las maniobras burocráticas del organismo para evitar la entrega de información. La decisión representa un precedente significativo en materia de acceso a datos públicos sobre decisiones económicas de gran envergadura.
La acción de amparo fue interpuesta por Francisco Verbic de la CAIP y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes demandaron acceso detallado a las condiciones del préstamo gestionado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025. El acuerdo había generado controversia por la ausencia de información clara sobre sus términos y justificaciones en el contexto de la crisis económica actual.
La resolución judicial enfatizó la primacía de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública sobre normativas restrictivas, estableciendo que los datos generados por el Estado deben ser accesibles para la ciudadanía salvo excepciones específicas. El tribunal recordó que la Corte Suprema considera el derecho a la información pública bajo el principio de máxima divulgación.
Según publicó Infonews, el fallo reafirma que la información estatal pertenece al pueblo y no al gobierno, consagrando el acceso a datos públicos como derecho humano fundamental que no requiere justificación especial para su ejercicio. Esta doctrina resulta especialmente relevante en decisiones de alto impacto económico que involucran recursos millonarios como el acuerdo con el organismo internacional.