La medida recientemente adoptada por el gobierno libertario genera preocupación entre abogados laboralistas y representantes del gremio.
El reciente decreto de blanqueo laboral promulgado por el gobierno argentino ha generado controversia al dejar fuera de su alcance a un significativo número de trabajadores domésticos. Según denuncian expertos y representantes del sector, aproximadamente 1,2 millones de empleadas y empleados domésticos que se encuentran en situación de informalidad no podrán acceder a los beneficios de esta iniciativa.
La decisión gubernamental ha sido duramente cuestionada por abogados laboralistas y referentes del área, quienes señalan que el sector doméstico es uno de los más afectados por la informalidad laboral. Carlos Brassesco, apoderado de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), expresó su preocupación ante la prensa al afirmar que el decreto «incorpora esa exclusión que no figura en la ley, dejando fuera de la posibilidad de regularización laboral al sector más afectado por la informalidad».
El Decreto 847/2024, si bien permite la regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas hasta el 31 de julio de 2024, no contempla soluciones para el personal doméstico. Esta situación es particularmente grave considerando que más del 70% de las empleadas domésticas trabajan en negro, y el 97% son mujeres. Además, la normativa no ofrece las herramientas necesarias para que este sector alcance la formalización laboral.
Las y los trabajadores que logren ser regularizados recibirán un reconocimiento limitado de hasta 60 meses de servicios con aportes, calculados en base al salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, este reconocimiento no se considerará para el cálculo del haber previsional, lo que plantea interrogantes sobre el impacto real de esta medida en la seguridad social a largo plazo de los trabajadores domésticos.
