El Gobierno presentó su plan para flexibilizar los controles del uso de esa moneda, pero para el blanqueo hace falta una ley que blinde los cambios normativos. Difícilmente la misma sea aprobada este año.
La segunda etapa es la más complicada en tanto el gobierno debería modificar la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Tributario, cuestiones que solo pueden ser retocadas por la vía del Congreso. Según los funcionarios del gobierno central, los proyectos que deben modificar esos aspectos aún no están listos “pero lo estarán pronto”.
Para el Gobierno sería deseable que proyectos de ese tipo se aprueben lo antes posible, pero saben que eso no ocurrirá. “Son conscientes que con el acercamiento de las elecciones nacionales la actividad legislativa irá mermando cada vez más” destacaron medios como Infobae; además de recordar que el plan del gobierno es resistido por muchos que lo señalan como un blanqueo exprés que puede ser utilizado por el narcotráfico y el crimen organizado para inyectar al mercado financiero fondos provenientes del delito.
No obstante, en el propio gobierno creen que podrán avanzar en esa dirección porque tras las elecciones del domingo legisladores de partidos como el PRO o la UCR buscan congraciarse con La Libertad Avanza. Es más, desde los bloques de esos partidos le reconocieron al medio citado que la medida es mucho más “pasable” de la que se estipulaba en la previa.
Además, el gobierno también espera el apoyo de los mandatarios provinciales. “El Gobierno hace alianzas con los opositores dialoguistas y gobernadores para tres tipos de decisiones: para movilizar iniciativas, para rechazarlas o para que no se consiga el quórum para el inicio de la sesión. Algunos suelen acordar en casi todos los casos, mientras que otros solo se disponen a colaborar según la circunstancia”, resalta Infobae para luego recordar que Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Martín Llaryora (Córdoba) han demostrado ser muy colaborativos con Javier Milei.
“Muchos gobernadores tienen bien visto acompañar o ayudar al gobierno para darle gobernabilidad, y mucho más con una medida económica que les puede dinamizar las economías regionales”, afirman desde Diputados, desde donde agregan que mientras no sea una iniciativa que les toque la coparticipación “difícilmente tengan presión social”.
En una de sus aclaraciones de esta mañana, Pazo afirmó que las provincias “van a tener incentivos para que salga” debido a los eventuales beneficios que podría traer el regimiento de la nueva normativa tributaria. Cerca de varios gobernadores se limitan a responder que ninguno de ellos sabía nada: “Están más preocupados por la caída de la recaudación, porque están viendo un panorama bastante jodido con la baja de la Coparticipación”.
