El Tribunal Oral Federal N°2 inició el debate por una organización que operaba en la finca Karina y movía cerca de 300 vehículos por día. La fiscalía estimó ganancias ilegales por casi 3.000 millones de pesos entre julio y agosto de 2025.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta comenzó este martes el juicio contra 12 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de importación de mercadería proveniente de Bolivia. La causa, impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada de Orán a cargo del fiscal Marcos Romero, investiga hechos cometidos entre julio y agosto de 2025 en la finca conocida como «Karina», ubicada a dos kilómetros de Aguas Blancas, sobre la ruta nacional 50 y con salida al río Bermejo.
Según la acusación, los imputados —entre ellos José Luis Segundo Suárez, Francisca Milagro Cardozo, Jorge Miguel Cardozo y Gladys Gloria Salazar— habrían montado en la propiedad una estructura clandestina con puntos de cobro por cada vehículo y bulto transportado. El fiscal Romero sostuvo que el grupo actuó con «permanencia en el tiempo, estabilidad y división de roles» para obtener, en sus palabras, «una importante ganancia económica».
De acuerdo con la investigación, la organización operaba en subgrupos con funciones específicas: la recepción de mercadería en la costa del río Bermejo, el traslado por un camino interno habilitado clandestinamente y la salida hacia la ruta nacional. El fiscal detalló que se determinó un movimiento aproximado de 300 vehículos por día y un ingreso cercano a los tres millones de pesos diarios producto de la actividad ilegal, publicó El Tribuno.
Un informe de la División Aduana de Orán (ARCA-DGA), citado durante la audiencia, calculó que el total de los movimientos económicos vinculados a la mercadería de contrabando ascendió a $2.975.392.851,56. La pesquisa incluyó intervenciones telefónicas y la actuación de un agente encubierto, además del trabajo de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán de Gendarmería Nacional.
El allanamiento del 4 de agosto pasado permitió desarticular la organización: se detuvo a 11 de los imputados, se secuestraron pruebas y se dispuso la clausura de la finca. Un presunto jefe de la banda fue capturado posteriormente, el 8 de agosto, en Bolivia. Tras el alegato de apertura del fiscal Romero y las presentaciones de las defensas, el tribunal —integrado por los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci— pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 29 de septiembre.