Primero fue una denuncia anónima. Luego la investigación desplegada por una fiscalía que seguirá con las pesquisas al menos por seis meses. El imputado que supo ser anfitrión de la vicepresidenta tiene prohibido salir del país.
José Antonio Fernández García está imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por el número de víctimas, sus condiciones de vulnerabilidad y por su consumación, comenzaron a salir a luz más detalles del caso. El caso se inició el 26 de febrero pasado cuando una persona hizo un llamado a la línea gratuita 145 para denunciar de manera anónima irregularidades de índole laboral en finca La Montanera, del empresario que es reconocido a nivel nacional e internacional por su emprendimiento gastronómico Cerdo Negro, ubicado en Cerrillos.
Fuentes confiables aseguran que la denuncia no llegó directamente a la fiscalía federal de Salta, ya que el 145 es una línea que recibe los llamados y luego, a través de distintos organismos, entre ellos la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX), los casos se redireccionan a las unidades fiscales que correspondan. Fue lo que sucedió también en este caso.
Asía las actuaciones quedaron en manos de la Unidad Fiscal Salta que conduce el fiscal general Eduardo Villalba, quien avanzó con el caso junto a la fiscal subrogante Paula Gallo. En ese marco, la fiscalía habría solicitado a las autoridades de la Agencia de Recaudaciones y Control Aduanero (ARCA) que analizara la situación laboral de todos los empleados de la finca. Para tal inspección se convocó a personal de Asistencia a la Víctima de Trata del gobierno provincial y a grupo operativo perteneciente a la Unidad de Procedimiento Judiciales de Gendarmería Nacional.
Inspección
El 4 de marzo se llevó adelante la fiscalización de las instalaciones de la finca, tanto las dedicadas al cultivo y cosecha de tabaco y aceituna, como así también al personal asignado a la producción porcina. La fiscalía confirmó las irregularidades que fueron motivo de la denuncia del 26 de febrero. Sobre 20 trabajadores hallados en la finca, se detectaron anomalías en siete de ellos, además de condiciones insalubres de extrema gravedad.
La fiscalía notificó formalmente al empresario el 20 de marzo sobre las actuaciones preliminares iniciadas tras la denuncia. Fuentes confiables, aseguran que dos abogados se presentaron en representación del dueño de Cerdo Negro a fin de intervenir en las diligencias que se llevaban adelante.
Entre abril y julio, se tomaron entrevistas al personal que participó de la fiscalización, como así también trabajadores de la finca. De esas diligencias participó la defensa de Fernández. En ese marco, el 11 de junio se hizo lugar al pedido de la fiscalía y se procedió al levantamiento del secreto bancario, financiero y bursátil del empresario. El 24 de ese mes, en tanto, ARCA remitió su perfil patrimonial. Este organismo empleó los meses de julio y agosto para efectuar el análisis de la situación salarial de los empleados que se desempeñan en la finca. Ese paso resultó clave para determinar irregularidades que ya muchos medios informaron: muchos estaban registrados como trabajadores tabacaleros, cuando en la finca realizaban otras tareas.
Paradojas argentinas
Semanas antes de que se conociera lo ocurrido (entre el 26 y 28 de agosto) la diputada nacional Yolanda Vega propuso que el Congreso Nacional declarará al municipio de Cerrillos como “Capital Nacional del Cerdo Negro”. La iniciativa fue aprobada con 203 y reconoció a la finca por su trayectoria en la cría, elaboración y difusión del jamón de bellota y otros productos derivados de esta raza local. Dicho logro es adjudicado directamente al dueño de finca La Montanera y del restaurante Cerdo Negro, por donde pasaron numerosas figuras artísticas y políticas que incluyeron a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
Una semana después, más precisamente el 2 de septiembre, el afamado empresario resultó imputado por el delito de trata laboral agravada en perjuicio de siete de sus 20 empleados. La audiencia fue presidida por el juez federal Anzorreguy. En ella, el empresario se declaró ajeno a la imputación, aunque el magistrado consideró que la fiscalía reunió evidencias suficientes del delito imputado.
Entre las restricciones que le impusieron, se dispuso que Fernández no tenga contacto con tres de los trabajadores víctimas. También le prohibió salir del país y admitió un plazo de seis meses de investigación. En ese lapso, la fiscalía deberá reunir el resto de evidencias para llevar el caso a juicio o acordar con la defensa otra vía de resolución del conflicto penal.