El intendente interino Adrián Zigarán denunciará un trato diferencial hacia la empresa en el puesto de control de la Ruta 50. La medida busca establecer si la falta de inspecciones facilita el contrabando en la frontera con Bolivia.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, presentará esta semana una nota ante el fiscal federal de Orán para solicitar que se investigue el trato que reciben los colectivos de la empresa San Antonio en el control ubicado en 28 de Julio, sobre la Ruta Nacional 50. El reclamo se originó a partir de imágenes que muestran a una unidad de la compañía circulando por el puesto sin que sus pasajeros ni su equipaje sean sometidos al procedimiento de revisión que sí se aplica a taxis y traffics.
«A todos los vehículos que llevan los bultos que pasaron el río Bermejo desde Bolivia los obligan a bajarlos, pasarlos por el scanner y volverlos a subir. Pero extrañamente los ómnibus de la empresa pasan por un costado y nadie los revisa», afirmó Zigarán.
Según publicó El Expreso, el funcionario señaló además que San Antonio mantiene una deuda cercana a los $60 millones con el municipio, correspondiente a dos años de obligaciones impagas, y cuestionó la cantidad de pasajeros que la empresa declara ante las autoridades locales.
El interventor precisó que entre 30 y 40 unidades de la compañía están afectadas al servicio y que, según su denuncia, suelen trasladar pasajeros de pie, además de cobrar $20.000 por cada bulto transportado. El pedido formal ante la Justicia Federal apunta a determinar si existe incumplimiento en los controles sobre estos colectivos y si esa situación podría estar facilitando el contrabando en un sector considerado clave para el Plan Güemes.