Francisco Orellana también fue intendente de Joaquín V. González. Es uno de los acusados de integrar una organización criminal dedicada a captar, tramitar y comercializar pensiones no contributivas por discapacidad.
El miércoles pasado, el fiscal federal Carlos Amad formalizó la imputación contra 9 personas. Son médicos, licenciados en comunicación que se desempeñaron como gerente de hospital. El listado incluye a quien fuera intendente de Joaquín V. González y actualmente diputado provincial: el médico Francisco Gerardo Orellana; imputado por asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Traducido: a los imputados se los acusa de falsificar documentación para gestionar pensiones no contributivas por discapacidad. “Los casos se circunscriben a las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González, del departamento Anta, donde más del 15 por ciento de la población es beneficiaria de estas pensiones”, destaca en su edición de hoy la sección local del diario Página 12. “El porcentaje de beneficiarios, que suman un total de 4.305 personas solo en ese departamento, llamó la atención”, agrego el mismo medio.
El fiscal Carlos Amad afirmó que “se cobraba por los trámites a personas en extrema situación de vulnerabilidad”, quienes llegaban a vender “sus animales o tomaban préstamos” para cubrir los gastos. El fiscal también añadió que a estas personas se les “negaba la atención médica en los hospitales públicos cuando se presentaban para realizarse los estudios que les permitieran la gestión de ese beneficio”.
Ante la negativa, los imputados “obligaban” a los aspirantes a acudir a sus sanatorios privados donde emitían “certificados de enfermedades inexistentes, como mal de Chagas, diabetes y problemas de columna, con altos porcentajes de incapacidad laboral”. En la organización había hasta un kiosquero que oficiaba de captador de “aspirantes a la pensión”, falsificaba documentos en una fotocopiadora y hacía la carga en la web de ANSeS con credenciales que le facilitaba el jefe local de ese organismo, también imputado.
El kiosquero también alteraba los membretes de los recetarios y enviaba pacientes a los médicos con el fin de que se realizaran los estudios apócrifos necesarios. En una de las comunicaciones que se rescató de celulares secuestrados en los allanamientos, se captó la conversación con uno de los “clientes”: lo mandaba a ver al médico José B y le decía: “Él te va a vender el informe con el electro; está cobrando setenta y ahí te venís y yo te encargo los análisis de Salta, que están sesenta, y ahí ya completás”.
La maquinaria era realmente asombrosa y aceitada para falsificar documentos y prestar servicios irregulares que incluían a organismos nacionales y municipales indispensables para el otorgamiento de la pensión no contributiva. La fiscalía afirmó que por la gestión cobraba 300 mil pesos o más. “En algunos casos, el costo, ya sea de obtención o renovación, podía llegar hasta 1 millón de pesos”, por lo cual las personas se endeudaban o vendían bienes o producción.
La acusación contra Orellana es por haber avalado entre 2007 y 2011 en su calidad de intendente trámites de personas que no cumplían los requisitos y que lograron acceder a los beneficios hoy vigentes. “En época electoral, Orellana ofrecía pensiones a cambio de votos a familias completas cuyos integrantes no padecían una enfermedad invalidante”, sostuvo la fiscalía federal.