La medida alcanza a los tres poderes del Estado e incluye controles sorpresivos con protocolos de confidencialidad. Un proyecto similar había sido presentado el año pasado pero no logró avanzar en la Legislatura.
El gobernador Gustavo Sáenz convocó a la Legislatura de Salta a sesiones extraordinarias para que trate el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 32/2026, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado. El texto ya ingresó al Palacio Legislativo, según confirmaron fuentes oficiales.
La norma fija como requisito para asumir o permanecer en cargos públicos la realización de controles toxicológicos sorpresivos, con protocolos de confidencialidad, contraprueba y resguardo de datos personales. Alcanza a una amplia nómina de funcionarios, entre ellos el gobernador y vicegobernador, ministros, legisladores, intendentes, concejales, jueces, fiscales, defensores, autoridades del Ministerio Público y de la Corte de Justicia, así como a toda persona que ingrese a la función pública en los organismos alcanzados.
Los controles se realizarán mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria, con confirmación en laboratorio habilitado en caso de resultado positivo y la posibilidad de contraprueba dentro de las 24 horas. La negativa injustificada a someterse al examen será considerada equivalente a un resultado positivo y, de confirmarse, se activarán los mecanismos de remoción o inadmisibilidad previstos en la normativa vigente, según el cargo que ocupe el funcionario.
Desde el Gobierno provincial defendieron el dictado del DNU como una herramienta orientada a fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones. La secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo, afirmó que la firma del DNU permite «dar un paso muy importante» y sostuvo que la decisión del gobernador apunta a profundizar los estándares de control en la función pública. «El gobernador decidió establecer la obligatoriedad y seguir avanzando en los pasos de la transparencia de la función pública, renovar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, porque ejercer un cargo público exige ser idóneo para llevarlo a cabo y también exige tener ética, que no puede estar turbada o nublada por algún consumo problemático», señaló la funcionaria.
La convocatoria a sesiones extraordinarias reaviva un debate que ya había sido planteado el año pasado en la Legislatura, cuando un proyecto similar impulsado por el entonces diputado Juan Esteban Romero no logró avanzar en el recinto. El presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, agradeció la iniciativa del Ejecutivo y consideró que el DNU permite destrabar una discusión legislativa que podría haberse prolongado en el tiempo, informó El Tribuno. «El Gobierno tiene las facultades de cómo implementar este proyecto. Esto viene a simplificar un debate que nos iba a llevar mucho tiempo para que la ley esté en funcionamiento, donde todos los funcionarios de los distintos poderes van a tener que someterse a los análisis», afirmó el legislador.
