La Policía analiza si Refinor donó el material a una comunidad originaria o si hubo apropiación ilegal. El caso surge tras el cierre de la planta de refinado en abril pasado.
Un operativo de extracción de caños enterrados en la zona de Campo Durán derivó en una investigación policial para determinar la legalidad de la acción. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a integrantes de una comunidad originaria cortando caños que habrían pertenecido a Refinor, con un valor estimado de 450.000 pesos por unidad y posible destino de venta en Bolivia, según informó el periodista Raúl Costes.
Las versiones sobre el caso son contradictorias. Algunas fuentes sostienen que se trata de un robo sin vinculación de la empresa, mientras otras indican que Refinor habría donado los materiales a la comunidad para que obtuviera recursos destinados a fines sociales. La Policía de Salta inició actuaciones para establecer si existió un acuerdo previo o si se vulneró la propiedad privada, sin que hasta el momento se conozcan resultados oficiales de la investigación.
El contexto incluye el cierre de la planta de refinado de Refinor en Campo Durán, anunciado en abril de este año por el declive de la producción de crudo en la región. Esta decisión dejó infraestructura fuera de funcionamiento y generó un impacto económico y social en la zona. Vecinos señalaron que los trabajos de corte se realizan fuera del horario diurno debido a las altas temperaturas.
Una vecina de la comunidad defendió públicamente la legalidad de la acción. «Los caños pasan por nuestra comunidad de campo duran años nos perjudicaron porque no podiamos pasar a nuestro domicilio, aclarar que los caños si nos dono la empresa de refinor y no es de gas es de agua quedaron fuera de servicio», afirmó. Agregó que la comunidad utilizó recursos de la venta para armar bolsones de alimentos destinados a familias en situación de vulnerabilidad durante las fiestas de fin de año.
De acuerdo con Fiscales Penales, se espera que en los próximos días se conozcan definiciones que permitan establecer responsabilidades y clarificar si el retiro se realizó en el marco de un acuerdo legítimo o si constituyó un hecho irregular.
