La periodista Laura Marín denunció que el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) suspendió la entrega de un medicamento clave en su tratamiento contra el cáncer de mama. El caso expuso demoras administrativas y comparaciones con la política nacional respecto a la quita de pensiones por discapacidad.
El testimonio fue brindado en el programa Cuarto Oscuro (FM La Plaza 94.9), donde Marín relató que la semana pasada la farmacia que le proveía la medicación le informó que el IPS había suspendido la auditoría que autorizaba la compra del fármaco. La periodista explicó que su tratamiento incluye el uso de trastuzumab, una droga valuada entre 8 y 12 millones de pesos por ampolla y que debe aplicarse cada 21 días.
“Es un medicamento que tengo que recibir sí o sí porque tiene que ver con la efectividad del tratamiento. Y vos viste que en oncología el tiempo es un factor importante”, señaló. Marín remarcó que, en dos oportunidades previas, la burocracia de la obra social ya había provocado retrasos en la aplicación del fármaco.
Tras la difusión pública del caso, la periodista fue recibida por el interventor del IPS, Emilio Savoy. Según relató, el funcionario negó un “corte del servicio” y sostuvo que el problema se debía a un cambio en la forma de administración de la medicación. “Lo que se cambió es la forma de administrar la medicación, no el acceso”, afirmó Savoy, aunque reconoció que el formato inyectable representa un costo mayor para la obra social.
Marín cuestionó que esta decisión no haya sido comunicada y advirtió que no corresponde a una oficina administrativa, sino al criterio médico, determinar la vía de aplicación. “El tratamiento es una cuestión de vida o muerte. Mi médico es el que debe definir cómo lo recibo, no un auditor”, remarcó.
La periodista también señaló la contradicción entre lo sucedido en el IPS y la posición pública del gobernador Gustavo Sáenz frente a la política nacional. Recordó que el mandatario provincial presentó un amparo contra la quita de pensiones por discapacidad impulsada por el gobierno de Javier Milei, y pidió que la misma lógica se aplique en la obra social provincial. “Le quiero pedir al gobernador que se dé cuenta que en el IPS está pasando lo mismo que él le cuestiona al presidente. Por revisar las cuentas, terminan afectando a los pacientes”, advirtió.
Según Marín, tras su publicación en redes sociales muchas personas se contactaron para relatar problemas similares en la provisión de medicamentos. En este sentido, advirtió que su caso cobró visibilidad porque es periodista y pudo acceder a las autoridades, pero remarcó que “hay un montón de gente que no tiene esa posibilidad”.
La situación planteada puso en evidencia cómo las medidas de control y auditoría —tanto en el ámbito provincial como en el nacional— impactan directamente en pacientes y beneficiarios de derechos sociales. En palabras de Marín, “el tiempo en los tratamientos oncológicos es un factor fundamental”, y cualquier demora genera incertidumbre y riesgo en la continuidad de la atención médica.