Un testigo declaró que obtuvo salidas y celulares a cambio de dinero y carne transferidos a funcionarios penitenciarios. Dos mujeres acusadas también relataron cómo pagaron por ingresar teléfonos al establecimiento.
Continuó ayer el juicio contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1 de Salta. Un exinterno del penal, actualmente alojado en un establecimiento federal, declaró como testigo y detalló los beneficios que obtuvo mediante pagos a funcionarios durante su estadía entre 2019 y su salida del establecimiento.
El testigo relató que conseguía salidas extramuro, acceso a la granja y aumento de puntaje en su concepto a través de un funcionario apodado «El Alfil». Su padre realizaba transferencias bancarias por montos que el acusado solicitaba, mientras familiares entregaban efectivo en encuentros coordinados. El testigo mencionó específicamente una entrega de 280 mil pesos que su padre realizó en una estación de servicio.
Además de dinero, el sistema de pagos incluía mercadería. El testigo pidió en varias ocasiones a su hermana, propietaria de una carnicería, que enviara asado crudo y costillares al agente penitenciario. Durante la audiencia se reprodujeron fragmentos de llamadas telefónicas donde solicitaba el envío de carne, incluyendo un pernil que debía llegar al funcionario a través de la madre de otro interno.
El exinterno también declaró haber pagado por el ingreso de marihuana al penal. Aseguró que su familia transfería dinero al agente penitenciario o a parientes de otros internos para recibir la droga, aunque desconocía la identidad del proveedor. Enfatizó que el funcionario que lo sobornaba no actuaba solo y que otros uniformados estaban involucrados.
Posteriormente declararon dos mujeres acusadas de comercializar estupefacientes en el establecimiento. Una de ellas, que había estado detenida en la Unidad Carcelaria 4, inició una relación con un interno durante visitas a su hijo. Al salir en libertad condicional, transfirió dinero a un agente penitenciario para poder seguir visitando a su pareja, utilizando la cuenta bancaria de su hija. La segunda acusada relató haber pagado a un celador por ingresar un teléfono celular a su pareja y posteriormente descubrió que el dinero solicitado supuestamente para madera era destinado a comprar marihuana.
Según informó la prensa del Poder Judicial, para las próximas audiencias está prevista la declaración de otros imputados en la causa. El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar, mientras que el Ministerio Público está representado por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.