El organismo desestimó la acción judicial de Protectora Asociación Civil que solicitaba la intervención cautelar del Instituto Provincial de la Salud. El organismo se encuentra bajo intervención administrativa desde febrero por decreto del Ejecutivo provincial.
La Corte de Justicia de Salta rechazó el amparo presentado por Protectora Asociación Civil de Defensa del Consumidor contra el Instituto Provincial de la Salud (IPS). La organización había solicitado la intervención judicial cautelar del organismo, pese a que la obra social provincial opera bajo intervención administrativa dispuesta por el Poder Ejecutivo desde febrero de 2025.
El tribunal consideró que la acción carecía de fundamentos válidos, ya que el abogado patrocinante no pudo demostrar la existencia de un perjuicio actual o inminente para los afiliados del IPS derivado de la intervención vigente. La solicitud pretendía incorporar a la gestión de la obra social actores no contemplados en la ley de creación del instituto ni en sus reglamentaciones, lo que implicaría costos adicionales para los 260.000 afiliados.
La Corte subrayó la improcedencia de la acción y reafirmó el carácter extraordinario del amparo constitucional. Según la Constitución Provincial, este recurso debe proteger derechos y garantías ante actos ilegales de autoridades o particulares, condiciones que no se verificaron en el caso. Las alegaciones sobre similitudes con intervenciones anteriores fueron desestimadas por falta de sustento concreto.