Los empleados protestaron durante la transmisión de «Las mañanas con Andino» tras 14 meses sin aumentos paritarios. Cuatro gremios declararon estado de asamblea permanente y denuncian censura editorial.
Un grupo de trabajadores de la TV Pública interrumpió el jueves 5 de junio la transmisión en vivo del programa «Las mañanas con Andino» para expresar sus reclamos salariales. El conductor Guillermo Andino intentó cortar la entrevista en curso y la señal reemplazó inmediatamente la transmisión por material pregrabado. El canal evitó retomar el vivo hasta el noticiero del mediodía y no brindó explicaciones oficiales sobre el episodio.
La protesta evidenció el deterioro laboral que atraviesan los empleados de la señal estatal. Según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), los trabajadores no reciben aumentos paritarios desde hace más de 14 meses. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, los salarios aumentaron 71,2% mientras la inflación acumulada superó el 170%. El gobierno también eliminó 19.000 días de vacaciones no gozadas antes de 2022, en un contexto de despidos y retiros voluntarios.
El hecho del jueves se enmarca en un plan de lucha que por primera vez nuclea a cuatro gremios: SIPREBA, SATSAID, APJ y SALCO. La semana anterior, trabajadores también se habían manifestado durante el programa de Gabriel Corrado. Los empleados declararon estado de asamblea permanente y movilización tras votar el plan en una asamblea realizada el viernes pasado.
Los gremios denuncian además restricciones editoriales para cubrir determinados hechos. Periodistas de la TV Pública reportaron prohibiciones para usar la palabra «represión» al informar sobre incidentes en el Congreso y el veto a la presencia de ciertas fuentes en pantalla. Los sindicatos advierten que estos límites convierten al medio público en una herramienta de propaganda oficial.
La situación salarial alcanza niveles críticos según los representantes gremiales. En la mayoría de los casos, los ingresos de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza y en muchos otros por debajo de la línea de indigencia. Los gremios también cuestionan que la intervención de RTA destine fondos a programas conducidos por figuras vinculadas al oficialismo mientras excluye voces críticas y censura expresiones disidentes.