Será hoy en sesión virtual.
La deuda para pagar deudas ya existe pero desde hoy empezará a ser una realidad legal. Será cuando los diputados salteños den media sanción a la iniciativa que llega desde el Ejecutivo provincial y que busca obtener 2100 millones de pesos desde Nación en calidad de préstamo.
El «Convenio de Asistencia Financiera – Programa para la Emergencia Financiera Provincial», firmado entre Nación, Provincia y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial tendrá el primer visto bueno a través de la sesión virtual de los diputados.
Nuevo Diario informó que Nación ya envió la primera cuota lo que implica que sí o sí se debe sancionar esta ley para cumplir con el marco legal que la sustenta.
El convenio firmado por Gustavo Sáenz y Martín Guzmán indica que la plata que desembolsará nación se empleará para que la provincia pague deudas: “El Fondo se compromete a entregar en calidad de Préstamo a la provincia, hasta la suma máxima de $2.100 millones que será aplicado a la cancelación de los requerimientos financieros hasta el mes de agosto”.
La cláusula 3 deja bien en clara la condición de “crédito blando”: la provincia devolverá el dinero en 36 cuotas y la primera deberá abonarla el último día hábil del mes de enero del año 2021; la tasa de interés será de apenas el 0,10% y las cuotas se descontarán directamente de la coparticipación nacional.
El convenio estipuló también los compromisos que asume la provincia para acceder al dinero. Desde “implementar las acciones necesarias para asegurar la provisión de los servicios sanitarios para hacer frente a la pandemia”, hasta suministrar a la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía nacional información fehaciente sobre la evolución de las finanzas públicas provinciales.
Lo más importante, sin embargo, aparece en la cláusula séptima y octava del convenio. La primera de las mencionadas dice que la política salarial y ocupacional “compatible con la disponibilidad de sus recursos y las limitaciones que en la etapa presenta la obtención de fuentes de financiamiento». Traducido: se mezquinarán los aumentos salariales, algo que también debería ocurrir con la contratación de personal.
El punto 8 dispone que el gobierno salteño no emitirá “cuasimoneda”. “En caso de incumplimiento de ese compromiso se procederá a la cancelación del programa”, advierte el gobierno nacional.
