El Tribunal Federal de Salta determinó que no existían pruebas suficientes para condenar a Carlos Villalba, ex jefe comunal de Salvador Mazza que fue hallado en un prostíbulo de la capital salteña. Cuatro personas fueron condenadas por explotación de prostitución ajena, con penas de hasta cinco años y medio.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta dictaminó la absolución del exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual. El fallo se fundamentó en la falta de pruebas concretas que demostraran su participación directa en los hechos investigados.
Durante el proceso judicial, la fiscalía había solicitado la absolución de Villalba tras no poder comprobar su intervención en el traslado de mujeres desde Jujuy a Salta para el ejercicio de la prostitución. El tribunal consideró que no existían evidencias suficientes para determinar si Villalba conocía la condición de las mujeres transportadas, destacando que al momento de su detención se encontraba en estado de ebriedad.
En el mismo pronunciamiento, el tribunal condenó a Roberto Quintián Ramírez y Mercedes Baigorria, administradores del bar Terra Nostra, a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de facilitación y explotación de la prostitución agravadas por la vulnerabilidad de las víctimas. También se impuso una pena de cinco años de prisión a Viviana Nancy Gómez, empleada del bar El Quijote, como partícipe necesaria de los mismos delitos.
Las investigaciones, que comenzaron en 2013 a partir de denuncias anónimas sobre una red de «prostitución VIP», permitieron determinar que en ambos establecimientos se organizaban encuentros sexuales con mujeres en situación de vulnerabilidad. Los servicios eran contratados en los bares y posteriormente concretados en hoteles, generando beneficios económicos directos para los acusados.
El tribunal, integrado por Gabriela Catalano, Domingo Batule y María Alejandra Cataldi, descartó la existencia de una red organizada de trata, pero consideró probada la explotación sexual en ambos locales. «La prostitución propia no se castiga en nuestro país, lo que se castiga es que una persona se aproveche del cuerpo ajeno, del ejercicio de la prostitución ajena para lograr un provecho propio», explicaron los magistrados en su sentencia.
El caso, que se desarrolló con audiencias semanales desde febrero pasado, incluyó testimonios de peritos, efectivos de la Policía Federal, técnicos de la exAFIP y víctimas rescatadas en los allanamientos. Durante estos operativos, realizados simultáneamente en varios locales de la ciudad el 15 de agosto de 2013, se rescataron a más de 30 mujeres en situación de vulnerabilidad. Francisco «Chicho» Russo, principal acusado que permanece prófugo, será juzgado en una audiencia futura.
