El DNU 186/2025 destina una millonaria ampliación presupuestaria a inteligencia, incluyendo $1.625 millones en gastos reservados. La medida es criticada por la falta de control y el contraste con el ajuste en otras áreas clave.
El presidente Javier Milei aprobó una nueva ampliación presupuestaria de $7.366 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025. De ese total, $1.625 millones serán destinados a gastos reservados, fondos cuyo uso es discrecional y carece de mecanismos efectivos de control. La medida ha generado fuertes cuestionamientos por su falta de transparencia y por priorizar el fortalecimiento de los organismos de inteligencia mientras se recortan recursos en educación y salud, por no decir nada de lo que sucede con los jubilados.
La reasignación presupuestaria se distribuye en $6.344 millones para gastos corrientes y $1.022 millones para gastos de capital. Entre los primeros, se incluyen $885 millones para personal, $1.145 millones para bienes de consumo y $4.323 millones en servicios no personales, que abarcan desde servicios públicos hasta los polémicos gastos reservados. La partida de capital se orientará a la compra de maquinaria y equipos tecnológicos, en un contexto de ajustes en otras áreas esenciales del Estado.
La oposición y diversas organizaciones sociales denunciaron la falta de transparencia en la asignación de estos recursos, advirtiendo que el aumento de fondos en inteligencia se da en paralelo a recortes significativos en sectores fundamentales como educación y salud. Legisladores de distintos espacios señalaron que la decisión contradice el discurso oficial de austeridad y evidencia una tendencia del Gobierno a gobernar por decreto para evitar el debate parlamentario.
Desde el oficialismo justificaron la medida como una inversión en seguridad nacional, con el objetivo de modernizar la estructura de inteligencia y reforzar la ciberseguridad. Sin embargo, especialistas advierten que sin un control parlamentario efectivo, estos fondos podrían ser utilizados de manera discrecional, sin garantizar su verdadero propósito. Ante este escenario, sectores opositores ya anticiparon que buscarán impugnar la ampliación presupuestaria en el Congreso y exigir explicaciones sobre el destino real de estos fondos.
