El Ejecutivo decidió dar de baja los 300 mil registros del REPROCANN, alegando desvíos en el uso terapéutico. Especialistas y organizaciones critican la medida, que afecta a pacientes que dependen del cannabis para tratamientos médicos.
El Gobierno nacional anunció la revocación de los 300 mil permisos otorgados por el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), un sistema creado en 2021 para regular el cultivo controlado de marihuana con fines medicinales y terapéuticos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó la medida al afirmar que muchos permisos se habrían desviado hacia la venta ilegal, y cuestionó la eficacia del cannabis medicinal, comparándolo con una «soja transgénica».
Bullrich aseguró que el THC (tetrahidrocannabinol) presente en la marihuana argentina alcanza un 18%, cifra que supera ampliamente el 2% permitido en Uruguay. Además, criticó la gestión anterior por haber aprobado «más de 300 mil permisos para sembrar marihuana», muchos de los cuales, según ella, carecían de respaldo científico. «Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero», declaró la funcionaria.
El REPROCANN, establecido bajo la Ley 27.350, permitía a pacientes autorizados cultivar entre una y nueve plantas de cannabis y transportar hasta 40 gramos de flores secas para tratamientos médicos. Sin embargo, el Gobierno ahora argumenta que muchos de estos permisos fueron otorgados sin diagnósticos médicos adecuados. En abril, el vocero presidencial Manuel Adorni ya había adelantado una revisión del registro, señalando que se detectaron «más de 90 mil solicitudes sin evidencia científica».
Organizaciones y especialistas en cannabis medicinal rechazaron las afirmaciones del Gobierno. Juan Palomino, abogado especializado en derecho cannábico, afirmó que el REPROCANN no es un registro de productores, sino de pacientes, y que existe amplia evidencia científica sobre los beneficios terapéuticos de la planta. Además, denunció que el Ministerio de Salud está retrasando trámites y cambiando el estado de pacientes ya aprobados a «pendiente», lo que agrava la situación de miles de personas.
La medida también ha generado preocupación en el sector industrial. Sebastián Basalo, referente del movimiento cannábico, destacó que el REPROCANN casi no representa un costo para el Estado y que de él dependen la salud y la calidad de vida de cientos de miles de personas. Además, señaló que la industria del cannabis, regulada por las leyes 27.350 y 27.669, tiene un potencial económico significativo, ya que abarca no solo el uso medicinal, sino también aplicaciones en textiles, construcción y productos de consumo humano.
Frente a la paralización del REPROCANN a nivel nacional, varias provincias avanzan con normativas locales para garantizar el acceso al cannabis medicinal. Chubut y la Ciudad de Buenos Aires ya aprobaron legislaciones alternativas, mientras que Chaco, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego estudian iniciativas similares. Estas medidas buscan paliar las demoras del Gobierno nacional, que ha dejado a miles de pacientes en un limbo legal y sin acceso a tratamientos esenciales.
