La medida anuló la ley 26.160 que suspendía desalojos en territorios comunitarios. Unas 76 comunidades quedaron con relevamientos interrumpidos en la provincia más afectada del país.
El 10 de diciembre de 2024, el Presidente Javier Milei firmó el decreto 1083/2024 que derogó la ley 26.160, normativa que protegía los territorios comunitarios indígenas y suspendía los desalojos. La medida dejó sin efecto inmediato todos los convenios provinciales vinculados al Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Salta resultó la provincia más perjudicada por la paralización de los relevamientos territoriales. Un total de 76 comunidades quedaron con sus procesos de relevamiento interrumpidos, afectando a 142.870 personas indígenas o descendientes, cifra que representa el 11% de la población provincial según el censo de 2022.
El Ministerio de Desarrollo Social confirmó que actualmente no puede emitir nuevas resoluciones porque «estarían fuera del marco legal». Hasta el momento de la derogación, el Programa Nacional de Relevamiento Territorial había ejecutado solo el 40% del presupuesto previsto para estas tareas.
Según informó Nuevo Diario, las organizaciones territoriales se mantienen en estado de alerta ante la nueva situación. Cientos de familias indígenas quedaron expuestas frente a intereses privados, desmontes y proyectos agroindustriales sin la protección legal que brindaba la normativa derogada.