Es la primera vez que ese aspecto ingresa formalmente al expediente penal. Jean-Michel Bouvier pidió que sean convocados a declarar Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manuel Urtubey y Nicolás Sarkozy.
Jean-Michel, padre de Cassandre Bouvier —una de las dos jóvenes francesas asesinadas en la Quebrada de San Lorenzo en julio de 2011—, declaró ante la Unidad Especializada conformada en Salta para reimpulsar la investigación del doble femicidio y denunció que presiones políticas distorsionaron la búsqueda de la verdad desde el inicio de la causa, convirtiendo la instrucción en una «farsa judicial y policial» que favoreció a los autores del crimen.
En su testimonio, Bouvier relató que en septiembre de 2011 se reunió en Francia con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante un viaje oficial vinculado a una cumbre del G20, tras ser convocado por la Embajada Argentina. En ese encuentro, la mandataria le entregó un dossier con hojas membretadas que resumía el avance de la investigación hasta agosto de ese año, es decir, a menos de un mes del asesinato, y que presentaba el caso prácticamente resuelto. El mismo material le había sido enviado dos días antes.
Bouvier señaló que durante aquella reunión, Fernández de Kirchner le manifestó que el entonces presidente francés, Nicolás Sarkozy, ejercía una presión constante para esclarecer el caso. Agregó que el entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, también le había comunicado en otra oportunidad que la jefa de Estado argentina seguía el expediente de cerca y reclamaba avances de manera permanente, con un viaje a Francia próximo.
El padre de Cassandre denunció además maquinaciones probatorias, falsas inculpaciones obtenidas bajo apremios policiales, reinterpretaciones forzadas de la data de las muertes, exclusión de evidencias de ADN y desaparición de muestras genéticas. Ante los fiscales, solicitó que sean convocados a declarar los tres funcionarios mencionados —por las vías que los investigadores consideren apropiadas— para confirmar la veracidad de su relato.
Tras completar su declaración, Bouvier se reunió por dos horas con el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, a quien planteó sus inquietudes sobre el avance de la investigación y los aspectos que, a su criterio, deben profundizarse. Según informó El Tribuno, expresó conformidad con el trabajo de la Unidad Fiscal constituida en febrero de 2025 e integrada por los fiscales María Luján Sodero, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín.
En paralelo, en Francia avanza una denuncia presentada por Bouvier ante los tribunales de París, donde fue designada la jueza de instrucción Emmanuelle Robinson, que evalúa fechas —inicialmente en abril— para concretar las medidas del exhorto internacional remitido el mes pasado desde Salta. Una unidad especial de casos no resueltos de la Policía Nacional francesa ya examina los antecedentes de la instrucción salteña. Entre las diligencias previstas figuran testimoniales a los peritos que actuaron en Francia, para contrastar sus conclusiones con las realizadas en Argentina, especialmente en materia de análisis genéticos y estimación de la data de las muertes.