Integrantes del Equipo Técnico Asesor que realizó el nuevo OTBN de Salta calificó a la propuesta presidencial de ser errónea, innecesaria, regresiva, políticamente cuestionable y éticamente inaceptable.
La denominada Ley Ómnibus enviada por el gobierno nacional al parlamento establece – entre otras muchas cosas – en sus artículos 500 y 501 la sustitución del artículo 26 y 31 de la Ley de Bosques que surgió para disciplinar la voracidad de los grandes terratenientes acostumbrados a tumbar bosques sin restricción alguna.
La pretensión del nuevo gobierno nacional de modificar esa ley fue cuestionada ayer por integrantes del Equipo Técnico Asesor que realizó el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta. Y aun cuando la decisión final sobre los desmontes es una facultad de la provincia, el Equipo Técnico alertó que la modificación de la Ley es técnicamente errónea, económicamente innecesaria, ambientalmente perjudicial, socialmente regresiva, legalmente irrelevante, políticamente cuestionable y éticamente inaceptable.
Eso resaltó en su edición de hoy la sección local del diario Página 12 que recordó que la nueva pretensión libertaria es permitir desmontes en donde hoy no se puede (categorías 1 y 2 que son de alto y mediano valor de conservación); eliminar el apartado que garantiza a las comunidades campesinas y originarias acceder a información sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes; y la modificación de las fuentes de financiamiento. La actual normativa establece que el fondo compensador se nutre de «partidas presupuestarias» no inferiores «al 0,3% del presupuesto nacional», además del «dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración». En la modificación enmarcada en el artículo 501 estos dos puntos desaparecen.
En ese marco, el Equipo Técnico Asesor indico que la modificación se realiza sin fundamento técnico alguno; que la modificación propuesta no ofrece ventajas económicas apreciables; recordaron que la experiencia demuestra que deforestar por encima de los límites naturales genera desastres ambientales y también aumento de la pobreza y exclusión social; sin olvidar que el avance de la frontera agropecuaria pone en peligro los modos de vida de las comunidades indígenas y campesinas que conviven con los bosques y sus servicios sistémicos.
