La Liga Bioenergética que integran las provincias y cámaras empresariales de Santa Fe, Salta, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires; solicitaron audiencia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
En un comunicado, expresaron que el precio fijado por el Estado para los biocombustibles «no cubre el costo de la materia prima». Y expresaron que «en un sector que genera empleo en diez provincias, desde los campos hasta las industrias, poner en peligro miles de fuentes laborales es poner en riesgo a las economías provinciales y en alerta sobre otros posibles conflictos».
Las provincias, además, criticaron al gobierno anterior porque «la política en biocombustibles ha sido errática, con nulo control de la aplicación de la ley y un marcado desinterés oficial». Esto derivó en el cierre de empresas y la declaración de convocatoria de acreedores de otras, «con más de 3000 puestos de trabajo perdidos y con plantas en ingenios totalmente paralizados», expresaron.
La directora ejecutiva de la Liga Bioenergética, Verónica Geese, explicó a LA NACION que las pymes de la actividad están muy golpeadas porque no fue fijado el precio del biodiésel de enero, el valor del aceite vegetal subió US$100 la tonelada en los últimos meses y las petroleras no compran el biocombustible. «No se está cumpliendo con la ley de biocombustibles, eso ya ocurría con el gobierno anterior», señaló. Según la norma legal, las naftas deben tener un corte de 12% de etanol de maíz o caña y el gasoil, el 10% de biodiésel.
Respecto del posible impacto en el empleo, señaló que «Se produce biocombustible en diez provincias» y que en todo el país hay aproximadamente 54 empresas que ocupan a unas 60.000 personas de forma directa e indirecta. Geese, además, destacó el uso de los biocombustibles como contribución a la mitigación del cambio climático ya que se reemplaza una fuente de energía no renovable, como el petróleo, por una renovable, derivada de los cultivos como soja, maíz, girasol o caña de azúcar.
