jueves 22 de febrero de 2024
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Salta fue de las más afectadas en los últimos años | Peligra la Ley que garantiza el combate a los incendios forestales

Milei prometió derogar la Ley de Manejo del Fuego que protege a los bosques quemados intencionalmente y garantiza recursos para enfrentar los incendios forestales. Las cifras de Salta son alarmantes.

Algunas cifras pueden ilustrar el drama de los incendios forestales en Salta. Entre el 27 y 28 de octubre pasado, un incendio forestal devoró 410 hectáreas en el departamento de Cafayate. Mientras eso ocurría, cientos de focos ígneos salpicaban los departamentos de Orán y San Martín en el norte provincial.

Las cifras fueron de escándalo en el año 2022. Entre enero y fines de octubre de ese año la provincia perdió 50 mil hectáreas a causas del fuego que no dieron tregua en el norte salteño y también afectaron zonas del Valle de Lerma y hasta de la ciudad de Salta con el incendio en las llamadas serranías del Este.

Municipalidad de Salta

Los especialistas insisten en que todo es consecuencia del cambio climático más la ´cultura del fuego´. Hacían referencia a lo que ocurre desde San Pedro de Jujuy hacia el norte de Salta en donde la gente muchas veces no tiene acceso al servicio de recolección de residuos y por lo tanto quema la basura; cazadores y pescadores que prenden fuego de manera imprudente; o hasta la misma Vialidad que señalizan trabajos con fuego. La más importante de todas esas conductas, no obstante, es el uso que hacen grandes terratenientes del fuego en pos de sus intereses: cosechar caña de azúcar con fuego, provocar incendios en sus campos para deforestarlos en los hechos y lograr autorización para realizar cambios en el uso del suelo.

La llamada Ley del Manejo del Fuego fue aprobada para sancionar esas conductas y garantizar recursos a las provincias para combatir los incendios forestales. La normativa fue aprobada por el Congreso a finales de 2012 y tuvo un rol clave a la hora de establecer presupuestos mínimos para la protección del ambiente respecto de los incendios forestales y rurales.

Además, creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego, con el objetivo de proteger y preservar el ambiente del daño generado por incendios, garantizar la seguridad de la población ante incendios y establecer herramientas para que el Estado intervenga en el combate de los focos activos.

En 2020, la normativa fue modificada por el Congreso para ampliar la protección de los ecosistemas al prohibir que se realizan modificaciones en el uso de superficies afectadas por incendios forestales intencionales o accidentes por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales; y por 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.

Aquella reforma fue clave como herramienta para ponerle un límite a la avanzada del lobby inmobiliario y de ampliación desmedida de la frontera agropecuaria, con un modelo que se repitió y agravó en la última década: incendios en humelades, bosques y grandes pulmones con el objetivo de “limpiar” las tierras y volverlas aptas para el pastoreo de animales o para la construcción de emprendimientos como countries exclusivos, barrios u hoteles que, casualmente, ofrecen la cercanía y el acceso a la naturaleza como “plus”.

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