Gustavo Farquharson habló de los proyectos de su autoría que se tratan entre esta semana y la próxima. Agregó que la secretaria de Derechos Humanos de la Corte dio el visto bueno a las iniciativas.
El concejal capitalino y presidente de la comisión Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad, Gustavo Farquharson, habló este jueves de sus iniciativas para que Salta sea «una ciudad libre de deudores alimentarios». La primera se aprobó ayer: un proyecto de declaración para que las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Salta consideren la modificación del Código Procesal Civil y Comercial y normas complementarias, con el objetivo de establecer parámetros actualizables que determinen los montos de las obligaciones alimentarias.
Este proyecto propone tomar como referencia la Canasta de Crianza para la Primera Infancia, la Niñez y la Adolescencia, definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). Asimismo, se solicita que se optimicen las herramientas para el cobro efectivo de las cuotas alimentarias, tanto las fijadas como las atrasadas.
En Cuarto Oscuro, de FM La Plaza, Farquharson dijo que en Salta «el 99 por ciento» de los deudores «son varones». Agregó que suman unas 1500 personas, de las cuales 1200 son de la Ciudad de Salta.
«Tenemos que ir a un siguiente paso, que va a ser el proyecto que vamos a debatir la semana que viene, que va a poner restricciones a los que estén en ese registro», anticipó.
«En Provincia de Buenos Aires, cuando sos deudor moroso de alimentos, al mes ya te registran. En Salta es recién a los tres meses. Creo que eso también se debería modificar, porque los chicos comen todos los días. Y esperar tres meses me parece mucho. pero son avances que vamos a ir discutiendo», agregó.
Además, Farquharson informó que la secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Blanca Ferri, ya anticipó que va a contribuir para que Salta no tenga deudores alimentarios.
Según difundió el concejal, la funcionaria, al referirse a la iniciativa, destacó la importancia de que las normativas actúen como herramientas disuasivas para promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Respecto al inciso C —que plantea impedir contrataciones municipales a personas registradas— sugirió contemplar un plazo para regularizar la situación antes de aplicar dicha limitación, tal como lo prevé la normativa provincial.
